Ningún país es más importante para la gestión de la migración hacia Estados Unidos que México. La prueba más reciente de ello es la realidad actual en la frontera entre EE.UU. y México, donde el número de migrantes irregulares ha caído a su nivel más bajo en cinco años, en gran medida debido al control migratorio que han llevado a cabo autoridades mexicanas. Sin embargo, la colaboración bilateral que se ha ido forjando a lo largo de los años parece encontrarse ahora en una situación frágil ante las recientes amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones mexicanas argumentando que México no ha hecho lo suficiente para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo en la frontera.
Políticos, migrantes y muchas otras personas en ambos lados de la frontera han estado atentos a señales de lo que se puede esperar del presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuya relación es nueva y se está forjando en el caldero de negociaciones de alto riesgo sobre la imposición de aranceles. Gran parte de la atención se ha centrado en la óptica y las primeras voleas lingüísticas entre ambos presidentes y menos en las demandas concretas de negociación y los acuerdos políticos. Quién ganó y quién cedió terreno, por ejemplo, en la decisión de México de desplegar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera a cambio de la pausa arancelaria de 30 días, ha causado gran interés.
Lo que ha faltado en gran parte del análisis, sin embargo, es el reconocimiento de que México tiene más influencia en estas negociaciones y la nueva dinámica que esto representa en comparación a 2019, cuando la administración Trump amenazó con imponer aranceles por primera vez. Desde diciembre de 2023, el gobierno mexicano ha desplegado más controles y nuevas políticas para reducir dramáticamente la migración irregular que transita por México que en 2019, lo que lo hace hoy indispensable para controlar el flujo de migrantes que llegan a la frontera. Y México ha absorbido a muchos migrantes que se han quedado en el país en lugar de continuar su viaje hacia el norte. De hecho, muchas de las políticas migratorias anunciadas por Trump durante los primeros días de su segundo mandato dependen de la cooperación mexicana.
Para evitar una guerra arancelaria que tendría efectos desastrosos en ambos lados de la frontera, tanto para empleadores y trabajadores como para consumidores, la prioridad de los negociadores estadounidenses y mexicanos ahora debería ser establecer compromisos políticos realistas que se ajusten lo más posible a las demandas de cada gobierno, reconociendo plenamente sus limitaciones legales y capacidades institucionales, para que las acciones acordadas bajo estas negociaciones puedan ser sostenibles y predecibles a largo plazo.
Turbulencias en una era de fuerte cooperación
El carácter imprevisible de las negociaciones sobre los aranceles, que podrían tener graves consecuencias para las empresas, los trabajadores y los consumidores de ambos lados de la frontera compartida, se produce en un contexto de cooperación significativa en la gestión de la migración, desarrollada en los últimos años mediante negociaciones que consideraban los intereses de ambos países.
Las relaciones entre los expresidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador marcaron un hito en la colaboración México-EE.UU. en materia de migración, resultando en un aumento substancial en la implementación de controles migratorios por parte del gobierno mexicano a cambio de la apertura de nuevos mecanismos de migración regular por parte del gobierno estadounidense. Además de establecer más puestos de control a lo largo de las rutas de tránsito de migrantes y desplegar unidades de la Guardia Nacional y militares en sus fronteras, México también acordó recibir a miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que fueron expulsados bajo la política estadounidense conocida como Título 42 durante la pandemia de COVID-19. Cuando la administración Biden puso fin a las expulsiones del Título 42, México aceptó, por primera vez, recibir a nacionales no mexicanos de estos mismos países que fueron deportados formalmente de Estados Unidos.
Estos compromisos del gobierno mexicano estaban sujetos a la ampliación de los programas estadounidenses de parole humanitario. Entre los más importantes había un proceso que permitió a medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con patrocinadores estadounidenses volar a Estados Unidos, así como el uso de la aplicación CBP One, que permitió a casi un millón de migrantes solicitar citas en los puertos de entrada a Estados Unidos. Esta colaboración redujo drásticamente el número de migrantes irregulares que llegaron a la frontera en 2024, a niveles no vistos en cinco años, y sin amenazas públicas de los dos gobiernos.
Ahora con nuevos jefes de estado en los dos países, y un tono muy distinto, queda por verse como saldrán las negociaciones.
Un giro en el diálogo
La administración Trump ha puesto un fuerte énfasis en reducir aún más el transito irregular de migrantes por México y deportar a millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, incluidos los mexicanos. Para lograr estos objetivos, además de sus metas de interdicción de drogas, Trump anunció el primero de febrero la imposición de aranceles del 25 por ciento a los productos procedentes de México y Canadá.
Dado lo mucho que está en juego política y económicamente para ambos países ante la amenaza de aranceles, la administración de Sheinbaum ha adoptado una estrategia pragmática, pidiendo repetidamente negociaciones diplomáticas respetuosas y continuas, lo que la distingue entre otros líderes del hemisferio occidental que han optado por un tono de más confrontación. Sheinbaum ha indicado que México seguirá colaborando, pero no será subordinado de Estados Unidos.
Su enfoque de negociar con la cabeza fría ha dado prioridad a la protección de los mexicanos que viven en Estados Unidos y al aumento de la capacidad y los servicios para recibir a los retornados mexicanos. Hasta ahora, la estrategia ha amortiguado con éxito los aranceles y otros posibles conflictos con la administración Trump sin articular explícitamente qué nuevas políticas migratorias estaría dispuesto a emprender México. A pesar de su amenaza de imponer aranceles, ahora suspendidos temporalmente, hasta ahora Trump ha evitado en gran medida la confrontación directa con Sheinbaum y no se ha involucrado en ataques personales contra ella que podrían alterar aún más la relación.
Prioridades de política migratoria en la mesa de negociación
Ambos gobiernos han declarado públicamente algunos de sus objetivos principales. Muchas de las recientes órdenes ejecutivas de Trump dependen en que México reciba a los migrantes que son sujetos a procesos de devolución, remoción o expulsión (cada término con distintas consecuencias legales) en Estados Unidos. Por ejemplo, la administración Trump restableció de inmediato los Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocidos como Quédate en México, una política de 2019 para devolver a México a solicitantes de asilo que no son mexicanos mientras sus casos son procesados en Estados Unidos. Trump también ordenó a su administración identificar gobiernos dispuestos a recibir y brindar protección a solicitantes de asilo devueltos desde Estados Unidos, como parte de acuerdos de tercer país seguro.
Al decir que considera que Quédate en México es una decisión unilateral de Estados Unidos, Sheinbaum articuló que México recibiría por razones humanitarias a migrantes devueltos por autoridades estadounidenses; sin embargo, no está claro si el programa ya está activo. Y hasta ahora, ha mantenido su oposición a firmar un acuerdo de tercer país seguro. Sin embargo, dado que el número actual de encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México es bastante bajo, estas medidas pueden resultar menos difíciles de aceptar políticamente para México de lo que lo habrían sido en un momento anterior.
En cuanto al gobierno mexicano, sus demandas siguen siendo en gran medida las mismas que bajo la administración de López Obrador: Proteger los derechos de los aproximadamente 5.5 millones de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos que podrían ser repatriados bajo las nuevas políticas estadounidenses de control migratorio. Sheinbaum ha hecho hincapié, en particular, en la necesidad de proteger a los 436,000 mexicanos que están protegidos de ser deportados y que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). También ha pedido que el gobierno estadounidense respete los derechos de los migrantes al debido proceso y que los retornos se realicen de manera humanitaria y conforme a los protocolos de repatriación establecidos con el gobierno mexicano.
Sheinbaum también ha pedido que el gobierno estadounidense mantenga o amplíe las vías legales que permiten a los migrantes trasladarse a Estados Unidos legalmente, ya sea como trabajadores permanentes o temporales. Salvo comentarios sobre encontrar una alternativa para los migrantes subscritos a DACA, la administración Trump no ha reconocido públicamente estas demandas del gobierno mexicano.
Panorama de las nuevas negociaciones
Aunque las demandas de ambas partes siguen siendo en gran medida las mismas, el panorama de negociación actual es muy distinto a el de 2019 cuando, bajo la amenaza de aranceles, el gobierno mexicano acordó intensificar sus controles migratorios, recibir a migrantes no mexicanos bajo Quédate en México y aumentar la colaboración para desarticular las redes de tráfico de migrantes.
La diferencia hoy es que el gobierno mexicano ya ha desplegado drásticamente más controles y nuevas políticas migratorias que en 2019, a pesar de los cambios significativos en las nacionalidades y la composición de los migrantes irregulares que transitan por México. En junio de 2019, el punto álgido de control migratorio en México ese año, las autoridades mexicanas registraron 31,000 encuentros con migrantes. En cambio, en 2024, lograron un promedio de 116,000 encuentros cada mes. Las autoridades mexicanas han detenido a más migrantes cada mes que sus homólogos estadounidenses en la frontera desde mayo de 2024, con una fracción de los recursos y la capacidad institucional.
Las autoridades mexicanas también han impuesto restricciones de visado a los migrantes de varios países y utilizan habitualmente autobuses para trasladar a los migrantes, principalmente venezolanos, del centro y norte de México al sur del país, lo que dificulta cada vez más que la mayoría de los migrantes lleguen a la frontera estadounidense. Y el gobierno mexicano mantiene un sistema de asilo que provee protección a décimas de miles de migrantes cada año, para que se queden en México y no tengan que seguir adelante a la frontera estadounidense para buscar refugio.
El control migratorio de México y las políticas de integración de migrantes se han vuelto indispensable para mantener la capacidad diaria de las agencias estadounidenses que reciben y procesan a migrantes en la frontera. Las políticas migratorias estadounidenses recién anunciadas no son suficientes por sí solas para reducir la migración irregular y, de hecho, muchas dependen de la cooperación mexicana. En este sentido, México tiene más influencia para negociar una colaboración pragmática que la que tenía la última vez que se amenazó con imponer aranceles.
Recalibrar los compromisos y lograr resultados realistas
La naturaleza de los flujos migratorios en la región y los lazos económicos, culturales y sociales que unen a Estados Unidos y México hacen casi imposible que ambos gobiernos dejen de colaborar en la gestión de la migración y otros intereses políticos bilaterales fundamentales. Esto significa que para retirar permanentemente de la mesa de negociones la imposición de aranceles se debe recalibrar los compromisos de cada gobierno, tomando en cuenta las políticas y controles migratorios en ambos lados de la frontera, analizando sus resultados y estableciendo expectativas realistas dadas las limitaciones legales y capacidades institucionales de cada país.
Es clave que los negociadores estadounidenses reconozcan que el control migratorio de México es necesario y complementario a los objetivos de la política estadounidense. Si Estados Unidos quiere que México reciba un mayor número de retornados mexicanos y no mexicanos o que refuerce sus fronteras, los negociadores estadounidenses deben tener en cuenta las limitaciones existentes en la capacidad y el marco legal de México y ser respetuosos de su soberanía. Más allá de los controles migratorios en su territorio, México también podría desempeñar un papel de liderazgo crucial en la mejora de la coordinación con otros gobiernos latinoamericanos, especialmente aquellos (como Venezuela y Cuba) que tienen relaciones diplomáticas limitadas con Estados Unidos.
Si México acepta mantener o incluso aumentar sus niveles actuales de control migratorio, los negociadores mexicanos deberían buscar que Estados Unidos se comprometa a ayudar a ampliar la capacidad e infraestructura mexicana para integrar a migrantes que deseen permanecer en México, y no sólo detener y deportar a aquellos que transitan el país. Ampliar la capacidad para (re)integrar a los retornados mexicanos y a otros migrantes en la vida económica y social de México también podría ayudar a adecuar la oferta de trabajo a la demanda en las industrias en crecimiento del país.
Evitar una guerra arancelaria probablemente seguirá siendo una prioridad para los negociadores estadounidenses y mexicanos durante los próximos meses, dados sus efectos devastadores en ambos lados de la frontera. Las consecuencias de los aranceles podrían provocar nuevos episodios de migración irregular hacia Estados Unidos y paralizar económicamente a las industrias y ciudades fronterizas estadounidenses que dependen del comercio y los productos mexicanos.
Los negociadores deben establecer un proceso que genere la estabilidad, confianza y previsibilidad necesarias para colaborar en un tema tan delicado y urgente como la gestión de la migración, de forma que se tengan en cuenta las necesidades, capacidades y limitaciones de cada país. Arriesgar los logros que han hecho que la colaboración entre Estados Unidos y México en la materia migratoria sea exitosa hasta ahora no es una opción estratégica o inteligente para ninguno de los dos gobiernos.
Entre amenazas arancelarias, la gestión de la migración es clave para la evolución de la relación Trump-Sheinbaum
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Ningún país es más importante para la gestión de la migración hacia Estados Unidos que México. La prueba más reciente de ello es la realidad actual en la frontera entre EE.UU. y México, donde el número de migrantes irregulares ha caído a su nivel más bajo en cinco años, en gran medida debido al control migratorio que han llevado a cabo autoridades mexicanas. Sin embargo, la colaboración bilateral que se ha ido forjando a lo largo de los años parece encontrarse ahora en una situación frágil ante las recientes amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a las importaciones mexicanas argumentando que México no ha hecho lo suficiente para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo en la frontera.
Políticos, migrantes y muchas otras personas en ambos lados de la frontera han estado atentos a señales de lo que se puede esperar del presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuya relación es nueva y se está forjando en el caldero de negociaciones de alto riesgo sobre la imposición de aranceles. Gran parte de la atención se ha centrado en la óptica y las primeras voleas lingüísticas entre ambos presidentes y menos en las demandas concretas de negociación y los acuerdos políticos. Quién ganó y quién cedió terreno, por ejemplo, en la decisión de México de desplegar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera a cambio de la pausa arancelaria de 30 días, ha causado gran interés.
Lo que ha faltado en gran parte del análisis, sin embargo, es el reconocimiento de que México tiene más influencia en estas negociaciones y la nueva dinámica que esto representa en comparación a 2019, cuando la administración Trump amenazó con imponer aranceles por primera vez. Desde diciembre de 2023, el gobierno mexicano ha desplegado más controles y nuevas políticas para reducir dramáticamente la migración irregular que transita por México que en 2019, lo que lo hace hoy indispensable para controlar el flujo de migrantes que llegan a la frontera. Y México ha absorbido a muchos migrantes que se han quedado en el país en lugar de continuar su viaje hacia el norte. De hecho, muchas de las políticas migratorias anunciadas por Trump durante los primeros días de su segundo mandato dependen de la cooperación mexicana.
Para evitar una guerra arancelaria que tendría efectos desastrosos en ambos lados de la frontera, tanto para empleadores y trabajadores como para consumidores, la prioridad de los negociadores estadounidenses y mexicanos ahora debería ser establecer compromisos políticos realistas que se ajusten lo más posible a las demandas de cada gobierno, reconociendo plenamente sus limitaciones legales y capacidades institucionales, para que las acciones acordadas bajo estas negociaciones puedan ser sostenibles y predecibles a largo plazo.
Turbulencias en una era de fuerte cooperación
El carácter imprevisible de las negociaciones sobre los aranceles, que podrían tener graves consecuencias para las empresas, los trabajadores y los consumidores de ambos lados de la frontera compartida, se produce en un contexto de cooperación significativa en la gestión de la migración, desarrollada en los últimos años mediante negociaciones que consideraban los intereses de ambos países.
Las relaciones entre los expresidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador marcaron un hito en la colaboración México-EE.UU. en materia de migración, resultando en un aumento substancial en la implementación de controles migratorios por parte del gobierno mexicano a cambio de la apertura de nuevos mecanismos de migración regular por parte del gobierno estadounidense. Además de establecer más puestos de control a lo largo de las rutas de tránsito de migrantes y desplegar unidades de la Guardia Nacional y militares en sus fronteras, México también acordó recibir a miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que fueron expulsados bajo la política estadounidense conocida como Título 42 durante la pandemia de COVID-19. Cuando la administración Biden puso fin a las expulsiones del Título 42, México aceptó, por primera vez, recibir a nacionales no mexicanos de estos mismos países que fueron deportados formalmente de Estados Unidos.
Estos compromisos del gobierno mexicano estaban sujetos a la ampliación de los programas estadounidenses de parole humanitario. Entre los más importantes había un proceso que permitió a medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con patrocinadores estadounidenses volar a Estados Unidos, así como el uso de la aplicación CBP One, que permitió a casi un millón de migrantes solicitar citas en los puertos de entrada a Estados Unidos. Esta colaboración redujo drásticamente el número de migrantes irregulares que llegaron a la frontera en 2024, a niveles no vistos en cinco años, y sin amenazas públicas de los dos gobiernos.
Ahora con nuevos jefes de estado en los dos países, y un tono muy distinto, queda por verse como saldrán las negociaciones.
Un giro en el diálogo
La administración Trump ha puesto un fuerte énfasis en reducir aún más el transito irregular de migrantes por México y deportar a millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos, incluidos los mexicanos. Para lograr estos objetivos, además de sus metas de interdicción de drogas, Trump anunció el primero de febrero la imposición de aranceles del 25 por ciento a los productos procedentes de México y Canadá.
Dado lo mucho que está en juego política y económicamente para ambos países ante la amenaza de aranceles, la administración de Sheinbaum ha adoptado una estrategia pragmática, pidiendo repetidamente negociaciones diplomáticas respetuosas y continuas, lo que la distingue entre otros líderes del hemisferio occidental que han optado por un tono de más confrontación. Sheinbaum ha indicado que México seguirá colaborando, pero no será subordinado de Estados Unidos.
Su enfoque de negociar con la cabeza fría ha dado prioridad a la protección de los mexicanos que viven en Estados Unidos y al aumento de la capacidad y los servicios para recibir a los retornados mexicanos. Hasta ahora, la estrategia ha amortiguado con éxito los aranceles y otros posibles conflictos con la administración Trump sin articular explícitamente qué nuevas políticas migratorias estaría dispuesto a emprender México. A pesar de su amenaza de imponer aranceles, ahora suspendidos temporalmente, hasta ahora Trump ha evitado en gran medida la confrontación directa con Sheinbaum y no se ha involucrado en ataques personales contra ella que podrían alterar aún más la relación.
Prioridades de política migratoria en la mesa de negociación
Ambos gobiernos han declarado públicamente algunos de sus objetivos principales. Muchas de las recientes órdenes ejecutivas de Trump dependen en que México reciba a los migrantes que son sujetos a procesos de devolución, remoción o expulsión (cada término con distintas consecuencias legales) en Estados Unidos. Por ejemplo, la administración Trump restableció de inmediato los Protocolos de Protección a Migrantes, mejor conocidos como Quédate en México, una política de 2019 para devolver a México a solicitantes de asilo que no son mexicanos mientras sus casos son procesados en Estados Unidos. Trump también ordenó a su administración identificar gobiernos dispuestos a recibir y brindar protección a solicitantes de asilo devueltos desde Estados Unidos, como parte de acuerdos de tercer país seguro.
Al decir que considera que Quédate en México es una decisión unilateral de Estados Unidos, Sheinbaum articuló que México recibiría por razones humanitarias a migrantes devueltos por autoridades estadounidenses; sin embargo, no está claro si el programa ya está activo. Y hasta ahora, ha mantenido su oposición a firmar un acuerdo de tercer país seguro. Sin embargo, dado que el número actual de encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México es bastante bajo, estas medidas pueden resultar menos difíciles de aceptar políticamente para México de lo que lo habrían sido en un momento anterior.
En cuanto al gobierno mexicano, sus demandas siguen siendo en gran medida las mismas que bajo la administración de López Obrador: Proteger los derechos de los aproximadamente 5.5 millones de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos que podrían ser repatriados bajo las nuevas políticas estadounidenses de control migratorio. Sheinbaum ha hecho hincapié, en particular, en la necesidad de proteger a los 436,000 mexicanos que están protegidos de ser deportados y que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). También ha pedido que el gobierno estadounidense respete los derechos de los migrantes al debido proceso y que los retornos se realicen de manera humanitaria y conforme a los protocolos de repatriación establecidos con el gobierno mexicano.
Sheinbaum también ha pedido que el gobierno estadounidense mantenga o amplíe las vías legales que permiten a los migrantes trasladarse a Estados Unidos legalmente, ya sea como trabajadores permanentes o temporales. Salvo comentarios sobre encontrar una alternativa para los migrantes subscritos a DACA, la administración Trump no ha reconocido públicamente estas demandas del gobierno mexicano.
Panorama de las nuevas negociaciones
Aunque las demandas de ambas partes siguen siendo en gran medida las mismas, el panorama de negociación actual es muy distinto a el de 2019 cuando, bajo la amenaza de aranceles, el gobierno mexicano acordó intensificar sus controles migratorios, recibir a migrantes no mexicanos bajo Quédate en México y aumentar la colaboración para desarticular las redes de tráfico de migrantes.
La diferencia hoy es que el gobierno mexicano ya ha desplegado drásticamente más controles y nuevas políticas migratorias que en 2019, a pesar de los cambios significativos en las nacionalidades y la composición de los migrantes irregulares que transitan por México. En junio de 2019, el punto álgido de control migratorio en México ese año, las autoridades mexicanas registraron 31,000 encuentros con migrantes. En cambio, en 2024, lograron un promedio de 116,000 encuentros cada mes. Las autoridades mexicanas han detenido a más migrantes cada mes que sus homólogos estadounidenses en la frontera desde mayo de 2024, con una fracción de los recursos y la capacidad institucional.
Las autoridades mexicanas también han impuesto restricciones de visado a los migrantes de varios países y utilizan habitualmente autobuses para trasladar a los migrantes, principalmente venezolanos, del centro y norte de México al sur del país, lo que dificulta cada vez más que la mayoría de los migrantes lleguen a la frontera estadounidense. Y el gobierno mexicano mantiene un sistema de asilo que provee protección a décimas de miles de migrantes cada año, para que se queden en México y no tengan que seguir adelante a la frontera estadounidense para buscar refugio.
El control migratorio de México y las políticas de integración de migrantes se han vuelto indispensable para mantener la capacidad diaria de las agencias estadounidenses que reciben y procesan a migrantes en la frontera. Las políticas migratorias estadounidenses recién anunciadas no son suficientes por sí solas para reducir la migración irregular y, de hecho, muchas dependen de la cooperación mexicana. En este sentido, México tiene más influencia para negociar una colaboración pragmática que la que tenía la última vez que se amenazó con imponer aranceles.
Recalibrar los compromisos y lograr resultados realistas
La naturaleza de los flujos migratorios en la región y los lazos económicos, culturales y sociales que unen a Estados Unidos y México hacen casi imposible que ambos gobiernos dejen de colaborar en la gestión de la migración y otros intereses políticos bilaterales fundamentales. Esto significa que para retirar permanentemente de la mesa de negociones la imposición de aranceles se debe recalibrar los compromisos de cada gobierno, tomando en cuenta las políticas y controles migratorios en ambos lados de la frontera, analizando sus resultados y estableciendo expectativas realistas dadas las limitaciones legales y capacidades institucionales de cada país.
Es clave que los negociadores estadounidenses reconozcan que el control migratorio de México es necesario y complementario a los objetivos de la política estadounidense. Si Estados Unidos quiere que México reciba un mayor número de retornados mexicanos y no mexicanos o que refuerce sus fronteras, los negociadores estadounidenses deben tener en cuenta las limitaciones existentes en la capacidad y el marco legal de México y ser respetuosos de su soberanía. Más allá de los controles migratorios en su territorio, México también podría desempeñar un papel de liderazgo crucial en la mejora de la coordinación con otros gobiernos latinoamericanos, especialmente aquellos (como Venezuela y Cuba) que tienen relaciones diplomáticas limitadas con Estados Unidos.
Si México acepta mantener o incluso aumentar sus niveles actuales de control migratorio, los negociadores mexicanos deberían buscar que Estados Unidos se comprometa a ayudar a ampliar la capacidad e infraestructura mexicana para integrar a migrantes que deseen permanecer en México, y no sólo detener y deportar a aquellos que transitan el país. Ampliar la capacidad para (re)integrar a los retornados mexicanos y a otros migrantes en la vida económica y social de México también podría ayudar a adecuar la oferta de trabajo a la demanda en las industrias en crecimiento del país.
Evitar una guerra arancelaria probablemente seguirá siendo una prioridad para los negociadores estadounidenses y mexicanos durante los próximos meses, dados sus efectos devastadores en ambos lados de la frontera. Las consecuencias de los aranceles podrían provocar nuevos episodios de migración irregular hacia Estados Unidos y paralizar económicamente a las industrias y ciudades fronterizas estadounidenses que dependen del comercio y los productos mexicanos.
Los negociadores deben establecer un proceso que genere la estabilidad, confianza y previsibilidad necesarias para colaborar en un tema tan delicado y urgente como la gestión de la migración, de forma que se tengan en cuenta las necesidades, capacidades y limitaciones de cada país. Arriesgar los logros que han hecho que la colaboración entre Estados Unidos y México en la materia migratoria sea exitosa hasta ahora no es una opción estratégica o inteligente para ninguno de los dos gobiernos.