El aumento de la migración en América Latina y el Caribe ha marcado el comienzo de una nueva era volátil

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Un nivel histórico de migración está transformando las sociedades y la política en América Latina y el Caribe, dando paso a una etapa definida por la volatilidad. Desde 2010, la región ha experimentado flujos sin precedentes que prácticamente duplicaron el número de migrantes. Hoy, la migración es impredecible, multidireccional y cada vez más compleja de gestionar para los gobiernos. Los países se enfrentan, de manera simultánea, el desafío de integrar a personas desplazadas (principalmente venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos); responder a la migración secundaria que surge cuando las oportunidades de integración se agotan; gestionar las dinámicas de migración circular y de retorno; y lidiar con la creciente emigración de sectores de clases media desilusionadas con sus perspectivas en casa.

La región supo gestionar las primeras llegadas masivas, que comenzaron a principios y mediados de la década de 2010, gracias a respuestas inspiradas por la solidaridad. Los gobiernos —sobre todo, aunque no exclusivamente, los de América del Sur— adoptaron medidas audaces al abrir vías legales temporales y otorgar protección a millones de venezolanos y otros migrantes, lo que les permitió incorporarse rápidamente al mercado laboral y acceder a un estatus regular. Estas políticas constituyeron logros significativos y evidenciaron un pragmatismo notable, aunque rara vez se apoyaran en marcos institucionales sólidas y resilientes. Con frecuencia, los permisos temporales expiraron sin ofrecer un camino hacia la permanencia; muchos migrantes encontraron obstáculos para acceder a los sistemas de educación y salud; y los procesos de integración se mantuvieron desiguales. Estas limitaciones hoy alimentan la creciente volatilidad en la toma de decisiones políticas. Y, en la actualidad, los gobiernos sudamericanos que antes se inclinaban a regularizar a los recién llegados han suspendido buena parte de estos programas y no han conseguido vincularlos con la integración a largo plazo de quienes llevan años en el país.

La perspectiva de deportaciones masivas desde Estados Unidos amenaza con agravar las vulnerabilidades de los sistemas de integración en América Latina y el Caribe. Si el pasado sirve como prólogo —y dado que el 87 por ciento de todas las expulsiones realizadas por Estados Unidos entre los años fiscales 2021-24 tuvo como destino México y al norte de Centroamérica— el endurecimiento de la aplicación de las leyes de inmigración en las comunidades estadounidenses podría traducirse en un número significativamente mayor de repatriados hacia la región en los próximos meses y años. Si bien muchos gobiernos cuentan desde hace tiempo con programas de recepción y reintegración para asistir a sus connacionales, cualquier retorno repentino o masivo amenaza con desbordar sus capacidades, que ya son desiguales, especialmente cuando enfrentan otras presiones migratorias de manera simultánea. Y aunque las deportaciones masivas a Haití siguen siendo inviables dadas las difíciles condiciones en el país, la administración del presidente Donald Trump ha intentado poner fin a las protecciones temporales de cientos de miles de haitianos, exponiéndolos a la expulsión y aumentando el riesgo de una mayor desestabilización en el Caribe.

Esta doble realidad —una solidaridad que produjo éxitos en el corto plazo, pero dejó sistemas frágiles hoy sometidos a presiones crecientes— enmarca la historia más amplia de la migración en América Latina y el Caribe.

Al mismo tiempo, los esfuerzos de cooperación regional que habían florecido en los últimos años se ven cada vez más eclipsados por negociaciones bilaterales desiguales, centradas en la deportación, entre Estados Unidos y países individuales. Centroamérica y México se han convertido en destinos reacios, atrapados entre la presión de gestionar tanto el retorno y la reintegración de sus propios nacionales, como la recepción de ciudadanos de terceros países, en virtud de acuerdos impulsados por Estados Unidos. Para países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde las remesas representan entre una quinta parte y más de una cuarta parte de la economía nacional, los retornos a gran escala podrían sacudir los propios cimientos de sus economías.

Y en el Caribe, los marcos regionales para facilitar la libre circulación han avanzado de manera significativa, aunque con frecuencia dejando al margen a Haití, el principal país de origen de migrantes en la subregión. Los países que más haitianos acogen se han mostrado reacios a cumplir sus compromisos, amparándose en razones de seguridad nacional o se han mantenido al margen de los debates regionales sobre política migratoria.

En conjunto, estas experiencias ponen de relieve tanto las posibilidades como las limitaciones de la gobernanza migratoria en una región que enfrenta una nueva era impredecible.

Este artículo analiza estas dinámicas en el Caribe y Centroamérica y Sudamérica, y analiza la probabilidad de que la región se acerque a un punto de inflexión en la gestión de la migración. El análisis se nutre, en parte, de la investigación realizada para el libro de los autores, On the Move: Migration Policies in Latin America and the Caribbean (Stanford University Press, agosto de 2025).

El experimento migratorio de América del Sur tras una década de solidaridad

Ante el desplazamiento repentino de más de 7.7 millones de venezolanos desde 2014 —de los cuales alrededor del 90 por ciento permaneció en la región— América del Sur se convirtió en el escenario de uno de los experimentos de solidaridad más ambiciosos de la historia moderna de la migración. Los gobiernos reaccionaron con rapidez para abrir sus puertas a muchos de ellos. Al momento de redactar este informe, el mayor número de venezolanos desplazados se encontraba en Colombia (casi 2.8 millones) y Perú (1.7 millones; véase la Figura 1). En varios países, además, los venezolanos se sumaron a las comunidades haitianas que habían llegado en gran número tras el devastador terremoto de 2010.

Las primeras respuestas fueron pragmáticas y de gran alcance. Colombia otorgó inicialmente dos años y luego diez años de estatus legal temporal, que terminó cubriendo a 2.5 millones de venezolanos. Un programa similar en Perú benefició a unas 500,000 personas. Brasil implementó visados humanitarios que facilitaron una rápida transición hacia la residencia permanente. Estas medidas permitieron a millones de personas incorporarse con rapidez al mercado laboral y acceder a los servicios, aliviando la presión humanitaria. Argentina y Uruguay recurrieron a acuerdos de movilidad regional para conceder estatus legal a los venezolanos, mientras que Chile y Ecuador utilizaron la flexibilidad de sus sistemas de visados para regularizar a muchos de los recién llegados. Estas políticas fueron posibles gracias —en la mayoría de los casos— a un idioma y una historia común, así como a los altos niveles de informalidad económica que facilitaban a los recién llegados la búsqueda de empleo, y a una poderosa narrativa de solidaridad, alimentada por el recuerdo de que muchos sudamericanos habían buscado refugio en Venezuela durante los conflictos y crisis de sus propios países.

Pero estas mismas políticas también expusieron la fragilidad institucional. Los permisos solían ser temporales; los sistemas de datos para vincular a los migrantes con los servicios esenciales y a armonizar las necesidades del Gobierno con el capital humano disponible seguían estando fragmentados; y el acceso a los servicios sociales resultaba limitado. En Colombia, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) fue suspendido para nuevos solicitantes en 2024 y reemplazado por un programa mucho más restringido dirigido únicamente a custodios legales de menores de edad, conocido como PEP Tutor. En Perú y Ecuador, los gobiernos surgidos de recientes elecciones han modificado repetidamente los requisitos de residencia. Estos cambios súbitos en la normativa erosionaron la confianza tanto de los migrantes como de los empleadores y las comunidades de acogida. Si bien el sector privado ha invertido en la formalización de los trabajadores migrantes, en varios casos perdió la confianza cuando las políticas cambiaron y los trabajadores volvieron a caer en la irregularidad. En la práctica, los derechos reconocidos en el papel carecían de una conexión efectiva con los sistemas de salud, educación y protección social.

La última década ha demostrado que los retos de la integración rara vez se circunscriben a un solo país. A medida que las normas cambiaban y las oportunidades se evaporaban, muchos migrantes volvieron a desplazarse, a menudo atravesando la selva del Darién rumbo a Centroamérica y, más al norte (véase más adelante), lo que incrementó presión sobre otros países.

Retos y oportunidades en tiempos de incertidumbre

Estas deficiencias políticas se ven ahora agravadas por la incertidumbre en múltiples frentes. Los gobiernos enfrentan la tarea inconclusa de integrar a los millones de personas que se encuentran en su territorio, al tiempo que gestionan nuevas llegadas y oleadas de salida. Entre 2022 y 2023, cerca de un millón de colombianos abandonaron su país, mientras que desde 2021 alrededor de 400,000 ecuatorianos han emigrado. Estos movimientos reflejan tanto el desencanto generalizado frente a las oportunidades limitadas y el deterioro de la seguridad, así como el atractivo que ejerce un país como Estados Unidos. Al mismo tiempo, es posible que se produzca una nueva oleada de llegadas, en forma de deportados de los Estados Unidos que necesitarán ayuda para reintegrarse.

La política añade otra capa de inestabilidad. En Chile, por ejemplo, el aumento de las tasas de homicidios se ha convertido en un tema central en la campaña electoral, centrándose principalmente en las bandas venezolanas que inicialmente llegaron para extorsionar a los migrantes, pero que rápidamente pasaron a controlar parte de la escena criminal a nivel nacional. De cara a las elecciones de noviembre de 2025, los candidatos han respondido con propuestas centradas en materia migratoria que incluyen militarizar la aplicación de la ley o intensificar la vigilancia de los extranjeros. Las próximas elecciones en Colombia, Brasil y otros países de la región podrían traer también nuevos giros políticos.

No obstante, esta imprevisibilidad también ofrece oportunidades. Al igual que en otras partes de la región, el aumento de las remesas está transformando las sociedades sudamericanas, aunque las políticas hasta ahora han tratado estas transferencias de dinero y otras dinámicas migratorias como asuntos de corto plazo, en lugar de integrarlos como parte de una estrategia de desarrollo más amplia. Vincular estos flujos con reformas del mercado laboral y otras políticas podría permitir a los gobiernos convertir tanto a sus poblaciones inmigrantes como a las emigrantes en catalizadores de dinamismo económico y social. Sudamérica ya demostró que la solidaridad, incluso expresada en programas de regularización, puede ofrecer a millones de migrantes una participación en sus sociedades de acogida. El reto ahora es aprovechar ese éxito y aprender de los errores del pasado.

Centroamérica y México se convierten en destinos

La migración mexicana hacia Estados Unidos tiene una larga historia que se remonta al siglo XIX, mientras que la migración centroamericana se intensificó en la década de 1980. Sin embargo, estos patrones cambiaron drásticamente en la década de 2010. En primer lugar, se produjo un rápido aumento de los centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos, un fenómeno que se hizo especialmente visible en 2014 con la llegada significativa de menores no acompañados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Ante las crecientes restricciones fronterizas de Estados Unidos, muchos migrantes comenzaron a permanecer temporalmente en México, lo que lo convirtió por primera vez en su historia reciente, en un importante país de destino. Posteriormente, en 2018, la represión de las protestas de opositores por parte del gobierno nicaragüense provocó que más de 300,000 nicaragüenses se trasladaran a Costa Rica, que ya acogía a un número menor, pero significativo, de colombianos y venezolanos desplazados.

Los gobiernos de México y Costa Rica respondieron, en parte, reforzando sus sistemas de asilo para ofrecer a las personas que huían del peligro la posibilidad de permanecer legalmente en el país. México, en particular, comenzó a enfrentar también presiones por parte del gobierno estadounidense para que tomara más medidas para intensificar el control en su frontera con Guatemala. Estas presiones aumentaron tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia de COVID-19 en 2021, cuando grandes grupos de centroamericanos, sudamericanos, haitianos y otras personas comenzaron a atravesar la remota selva del Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, a menudo con destino a Estados Unidos (véase la Figura 2). En mayor o menor medida, todos los países de Centroamérica se vieron atrapados entre el deseo de brindar protección y asistencia humanitaria y la exigencia de controlar los flujos migratorios que llegaban o transitaban por sus territorios. En el caso de Panamá y México, la creciente presión de Estados Unidos cobró especial importancia como parte de los intentos de reducir los incentivos para continuar hacia el norte.

La respuesta

México, Costa Rica y otros países centroamericanos se han mostrado relativamente abiertos a los recién llegados que se establecen dentro de sus fronteras, ofreciéndoles, en general, algún tipo de estatus legal condicional —por ejemplo, a través de solicitudes de asilo o visados humanitarios— aunque estos se han vuelto cada vez más difíciles de obtener. Al mismo tiempo, los gobiernos han desarrollado una mayor capacidad para disuadir a los migrantes de continuar su viaje hacia el norte. El gobierno mexicano, en particular, intensificó considerablemente sus esfuerzos para detener y deportar a los migrantes en situación irregular, permitiendo incluso que la Guardia Nacional participara en la aplicación de la legislación migratoria. Entre mayo de 2024 y marzo de 2025, las autoridades mexicanas interceptaron mensualmente a más migrantes en su territorio que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos en la frontera entre ambos países.

En junio de 2024, la administración Biden restringió aún más el acceso al asilo en la frontera estadounidense, donde durante dos años se había registrado un número récord de personas que cruzaban sin autorización, lo que provocó un descenso constante de la migración hacia el norte. Con la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025 y la puesta en marcha de una campaña de “conmoción y pavor” contra la migración no autorizada, las cifras descendieron aún más.

Actualmente, los líderes de México y Centroamérica están más preocupados por sus propios ciudadanos que podrían ser deportados; más de dos tercios de los 13.7 millones de inmigrantes no autorizados presentes en Estados Unidos a mediados de 2023 procedían de estos países, según estimaciones del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, MPI por sus siglas en inglés). La mayoría de los países han adoptado algunas medidas para acoger y prestar servicios básicos a los repatriados, y algunos empiezan a considerarlos como capital humano con habilidades que podrían aportar a las economías locales. Al mismo tiempo, los líderes prevén un futuro con menores flujos de remesas, lo que tendría un impacto directo sobre los hogares, el consumo y las cuentas nacionales.

El Caribe construye una arquitectura regional, dejando sin resolver la mayor parte del desplazamiento haitiano

La historia migratoria de los países del Caribe durante los últimos 15 años ha sido la de una creciente integración regional, sustentada en una serie de rasgos y desafíos compartidos, aunque en general, se ha negado a acoger a la población haitiana que ha huido de la crisis de su país.

En 2023, los 15 Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) renovaron en 2023 su compromiso de avanzar hacia una verdadera libre circulación, tomando como base el sistema ya existente que facilitaba la movilidad de personas con determinadas habilidades, y buscando también construir un mercado común y una unión económica. Desde 2011, los nacionales de los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés) —Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas— pueden viajar, trabajar y residir de manera indefinida en los demás Estados miembros, sin enfrentar mayores trámites burocráticos.

El impulso integrador proviene, en parte, de la posición estratégica del Caribe como punto de tránsito para el comercio mundial. Su clima ideal y sus playas atraen a turistas internacionales durante todo el año. Sin embargo, los países han tenido dificultades para retener a los trabajadores en medio de la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la población. Barbados y Jamaica, por ejemplo, han experimentado décadas de emigración, especialmente de docentes y enfermeros, y aún así, sus crecientes necesidades de mano de obra les obligan a depender de los trabajadores extranjeros. En este contexto, y en medio del reciente auge petrolero, Guyana ha flexibilizado sus políticas migratorias para fomentar la contratación tanto de miembros de la diáspora como de otros ciudadanos caribeños.

Sin embargo, la topografía de la subregión también la hace especialmente vulnerable a desastres naturales y a los desplazamientos que estos provocan, como evidenció el terremoto de 2010 en Haití, la devastación causada por el huracán María en Dominica en 2017 y el huracán Beryl en 2024, que arrasó partes de Granada y San Vicente y las Granadinas. En circunstancias como estas, la República Dominicana ha flexibilizado temporalmente sus políticas migratorias, aunque muchas personas también se han beneficiado de los acuerdos de movilidad laboral preexistentes en el Caribe Oriental. Además, la geografía de archipiélagos y múltiples puntos de entrada difíciles de controlar facilita el tráfico de drogas y personas, lo que ha dado lugar a problemas de seguridad.

La migración hacia los múltiples territorios del caribe pertenecientes a Francia, Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos recibe poca atención, pese a su importancia. Los empleos mejor remunerados en la industria hotelera y turística, junto con la posibilidad de acceder a las economías avanzadas de América del Norte y Europa, atraen a trabajadores de todas partes. Los ciudadanos de la República Dominicana, por ejemplo, constituyen una parte considerable de la población en Anguila y las Islas Turcas y Caicos (territorios británicos de ultramar), Curazao y San Martín (territorios neerlandeses), así como Puerto Rico (territorio estadounidense). Muchos de estos territorios tienen poblaciones nativas pequeñas y, en algunos casos, en declive, dependen en gran medida de la mano de obra migrante y carecen de autonomía en materia de política migratoria.

En Cuba, aunque la migración es reducida, varios acuerdos de cooperación contemplan el envío de profesionales de la salud a otros países del Caribe. En términos más generales, la isla atraviesa la mayor ola emigración de su historia moderna, impulsada por la recesión económica y al descontento político, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Mientras que antes la mayoría de los migrantes cubanos se dirigían a Estados Unidos, ahora también se están asentando a otros países de América Latina y el Caribe.

Necesidades humanitarias y el colapso de Haití

La región ha tenido que responder a migrantes con necesidades humanitarias, en su mayoría haitianos y venezolanos, además de un número menor de cubanos y africanos. A diferencia de Sudamérica, que intentó construir sistemas de migratorios capaces de acoger e integrar a las personas desplazadas, los gobiernos del Caribe han priorizado el crecimiento económico y el desarrollo. Las políticas dirigidas a los migrantes en situación de vulnerabilidad —como la respuesta de Trinidad y Tobago hacia la población venezolana que llegó al país— fueron diseñadas principalmente como medidas de emergencia. Una excepción fue el programa de regularización adoptado por Belice de 2021, que benefició principalmente a los centroamericanos.

La espiral de crisis económica y de seguridad en Haití ha llevado desde 2010 a cientos de miles de personas a abandonar el país, en especial a la vecina República Dominicana. Sin embargo, este tema ha estado en gran medida ausente de las conversaciones regionales. El bajo nivel de desarrollo económico y la profunda inestabilidad política en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 endurecieron la postura de los líderes dominicanos hacia los haitianos. Sus políticas se han centrado en frenar nuevas llegadas, levantar un muro fronterizo y llevar a cabo deportaciones masivas, incluidas 276,000 repatriaciones a Haití en 2024. Aunque los líderes dominicanos han considerado regularizar a algunos trabajadores haitianos, la política migratoria sigue siendo mayoritariamente restrictiva.

La agitación socioeconómica de Haití ha ralentizado la aplicación de sus propios compromisos con la CARICOM. Y si bien se espera que la plena libertad de circulación en todo el bloque incluya finalmente a Haití, es poco probable que ello ocurra hasta que se atiendan las preocupaciones políticas y de seguridad del país. Los repetidos llamamientos de la CARICOM a la solidaridad con el pueblo haitiano, así como el papel de los negociadores regionales en el intento de resolver el estancamiento político, son un reconocimiento explícito de la necesidad de una solución colectiva y duradera.

Un punto de inflexión

América Latina y el Caribe se encuentran en un punto de inflexión en su enfoque hacia la migración. La última década demostró que la solidaridad podía traducirse en procesos de regularización a gran escala, ofreciendo a millones de venezolanos un estatus legal temporal y oportunidades de inclusión. Pero también dejó en evidencia lo frágiles que resultaban esos logros cuando no estaban anclados en instituciones sólidas o en agendas de desarrollo a largo plazo. Como muestra la experiencia de Sudamérica, la discontinuidad, la débil integración y los cambios políticos pueden erosionar la confianza y generar presiones para una nueva migración. La lección es clara: la integración es importante para la estabilidad tanto dentro de los países como en el conjunto del hemisferio.

Esta dinámica no se limita al sur. En América Central y México, los gobiernos enfrentan la doble presión de gestionar el retorno y la reintegración de sus nacionales, mientras funcionan a la vez como países de destino y de tránsito. El Caribe, por su parte, ha redoblado sus esfuerzos a través de distintos marcos regionales de migración, aunque aplicados de forma desigual y con la persistente exclusión de Haití. Cada subregión encara retos superpuestos, pero lo hace con frecuencia de manera aislada, desconectada de las demás estrategias de desarrollo.

La discontinuidad política también marca el pulso actual. Las elecciones recientes y próximas en Bolivia, Chile, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil hacen que la política migratoria sea especialmente vulnerable a cambios abruptos. Mientras que la migración se había apenas politizado en la región —con la excepción de República Dominicana— hoy ocupa un lugar central en países como Chile y podría convertirse en un tema de peso en otros países. Además, los nuevos gobiernos de muchos países latinoamericanos se han visto tentados a reajustar sus agendas nacionales en lugar de basarse en lo que se había hecho anteriormente, lo que refuerza la discontinuidad.

Por último, se ha introducido un elemento de volatilidad en el ámbito de la financiación internacional, especialmente en lo que respecta a los programas de integración. La financiación ya estaba disminuyendo antes de 2025, pero el cierre de la mayoría de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) por parte de la administración Trump y las reducciones en la financiación del Departamento de Estado han disminuido aún más los recursos para los gobiernos de la región. Estos recortes en la ayuda podrían resultar contraproducentes, ya que a menudo eran la principal fuente de financiación de los programas destinados a reducir los factores que impulsan la migración irregular, así como a acoger y reintegrar a los repatriados.

Aun así, la cooperación regional puede resultar decisiva para el futuro. La histórica Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de 2022, firmada por 22 países de la región, proporcionó un marco común para los debates sobre migración en todo el hemisferio. Sin embargo, la retirada de la administración Trump del proceso iniciado bajo el gobierno de Biden debilitó este esfuerzo, que desde entonces ha perdido dinamismo. Otros foros regionales, como la Conferencia Suramericana sobre Migraciones y el Proceso de Quito (centrado en el desplazamiento venezolano), continúan activos aunque con presupuestos limitados y escasa visibilidad política. No obstante, siguen siendo fundamentales para sostener el diálogo, evitar la duplicación y mantener abierta la posibilidad de enfoques colectivos en una región donde las presiones migratorias son compartidas.

Diversas experiencias en la región muestran que la solidaridad es posible, incluso a pesar de las diferencias políticas e institucionales que caracterizan a América Latina y el Caribe. Los próximos pasos que adopten los de gobiernos no solo definirán el rumbo de la gobernanza migratoria, sino también la estabilidad y la competitividad de la región en las próximas décadas.

Fuentes

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