España y América Latina siguen caminos divergentes en materia de regularización

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La extraordinaria regularización que España llevará a cabo en 2026 podría otorgar estatus legal a un número récord de migrantes en situación irregular. Casi 1,2 millones de personas presentaron su solicitud antes de la fecha límite del 30 de junio —más del doble de la previsión inicial del gobierno, que rondaba las 500.000— y dos tercios de los solicitantes procedían de Sudamérica o Centroamérica. Sin embargo, mientras España sigue adelante con la regularización, iniciativas similares que se pusieron en marcha en América Latina para hacer frente al enorme desplazamiento desde Venezuela que comenzó en 2015 han finalizado o ya no admiten nuevos solicitantes.

El enfoque de España es inusual entre los Estados miembros de la UE, que en su mayoría han endurecido el acceso a la situación legal, y ha suscitado críticas por parte de algunos líderes de la UE.  El Gobierno español considera que la regularización es necesaria y políticamente viable, dada la magnitud de la población en situación irregular, en particular, y de la población de origen extranjero en general. Los inmigrantes, independientemente de su situación, representaban un 20,3 por ciento de la población española en enero de 2026 —una cifra récord—, lo que supone más de 10 millones de personas. Casi 300.000 personas adquirieron la nacionalidad española en 2025, lo que pone de manifiesto cuántas han dejado claro que su migración es permanente. Ante esta realidad, el Gobierno ha planteado la nueva medida de regularización no solo como una respuesta a cuestiones de gobernanza, fiscales y del mercado laboral, sino también en términos de derechos y protección de los trabajadores. Formalizada en enero mediante el Real Decreto 316/2026, la medida ofrece permisos de residencia y de trabajo de un año a los migrantes en situación irregular presentes en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continuada y no tener antecedentes penales. Al mismo tiempo, la migración irregular hacia España y otros Estados miembros de la UE se ha vuelto más difícil, con la entrada en vigor en junio del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.

España lleva mucho tiempo considerando la regularización no como una concesión excepcional, sino como una herramienta para gestionar ocasionalmente la brecha entre las realidades migratorias y los marcos jurídicos. Entre 1986 y 2005, bajo gobiernos de diferentes partidos políticos, el país llevó a cabo seis procesos de regularización masiva, que en conjunto concedieron la regularidad a aproximadamente 1,2 millones de inmigrantes. El mayor de ellos tuvo lugar en 2005, cuando se regularizó a unas 600.000 personas en un proceso elogiado como pragmático por sus defensores y criticado por otros Estados miembros de la UE preocupados por la posibilidad de que los migrantes regularizados se desplazaran dentro del bloque; esas preocupaciones nunca se materializaron. Desde 2004, el Gobierno también ha ofrecido permisos de residencia temporales a los migrantes en situación irregular que cumplen ciertos requisitos para demostrar que han echado raíces en el país, normalmente tras varios años de residencia, a través del proceso de arraigo.

De los aproximadamente 848.000 inmigrantes en situación irregular que se estimaba que había en España a principios de 2025, alrededor del 91 por ciento (es decir, 761.000 personas) procedían de las Américas. La última legalización contrasta notablemente con los enfoques de varios países latinoamericanos que anteriormente habían puesto en marcha respuestas innovadoras ante el desplazamiento de 7,9 millones de personas procedentes de Venezuela desde 2015. En los últimos años, han ido cancelando o congelando esos programas. Poco después de asumir el cargo en marzo, por ejemplo, el nuevo Gobierno de Chile suspendió un decreto de regularización que habría beneficiado a unas 182.000 personas. Perú declaró el estado de emergencia fronteriza cuando los venezolanos huían de Chile en respuesta al cambio de poder, lo que puso de manifiesto el efecto dominó de ese cambio de actitud. Ecuador ha seguido una tendencia igualmente restrictiva.

Queda por ver si Colombia seguirá el mismo camino. Sus recientes elecciones presidenciales podrían abrir un nuevo capítulo para los migrantes venezolanos en el país: el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y su fórmula vicepresidencial comparten una orientación política cercana a la del expresidente Iván Duque, cuyo Gobierno puso en marcha en 2021 una de las iniciativas de regularización más ambiciosas de la historia de la región, al ofrecer diez años de estatus legal a los venezolanos que cumplieran los requisitos

El retroceso de América Latina, precisamente cuando España ha dado un paso adelante, plantea interrogantes sobre los planes de la región para gestionar la migración, integrar a sus poblaciones migrantes residentes y posicionarse como socio en la movilidad laboral ordenada en los próximos años. Este artículo examina la regularización de 2026 en España, sus posibles repercusiones y las consecuencias para América Latina.

Factores que influyen en la gobernanza y los beneficios fiscales

La nueva regularización en España se impulsó por una realidad sencilla, pero a menudo pasada por alto: los residentes en situación irregular ya estaban allí. La medida no creó una nueva población, sino que reconoció que ya existía una integrada en la economía española, que pagaba alquiler, consumía servicios y trabajaba en condiciones informales que solían perjudicar tanto al Estado como a los trabajadores. Teniendo en cuenta los efectos de las regularizaciones anteriores, los economistas estiman que la regularización podría reportar aproximadamente 2,5 mil millones de euros al año durante cinco años en concepto de impuesto sobre la renta y cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supone un beneficio fiscal neto directo de unos 4.900 euros anuales por cada migrante regularizado. Pero eso solo refleja una parte del impacto. Se consideró que la regularización llevaba a los empleadores al cumplimiento de la legalidad, regularizaba las relaciones laborales y generaba ingresos por el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta procedentes de los empleadores y los directivos de los niveles superiores de la cadena empresarial. El empleo en negro, por el contrario, conlleva riesgos legales y financieros para los empleadores, frena la productividad y priva a los trabajadores de derechos laborales, protección contractual, formación, y oportunidades de promoción profesional. En palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el programa es «un acto de justicia y una necesidad», que permite a las personas que ya viven y trabajan en el país «hacerlo en igualdad de condiciones».

Los datos recientes de América Latina aportan más pruebas sobre los beneficios para España. Una investigación realizada por el Migration Policy Institute (MPI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre las regularizaciones de migrantes venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú reveló que la regularización permitía a los migrantes acceder a los mercados laborales formales y a los servicios básicos, y que los beneficios económicos eran mayores allí donde se aplicaban las normativas laborales. Otros estudios realizados en 2020 y 2021 revelaron que los migrantes venezolanos regularizados en Colombia experimentaron un aumento del 22 por ciento en los ingresos laborales y un incremento del 48 por ciento en el consumo per cápita, y que el Gobierno colombiano tenía que destinar menos recursos a los hogares regularizados que a los irregulares. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2024 sobre Perú concluyó de manera similar que la regularización mejoraba el acceso a contratos de trabajo por escrito y a los ingresos.

El argumento de la seguridad también se subestima. Regularizar a los migrantes significa que el Gobierno sabe quiénes son, dónde viven y a qué se dedican, lo que contribuye a la seguridad pública. La situación también mejora para el migrante a título individual: se reduce la probabilidad de que sea explotado, aumenta la probabilidad de que denuncie delitos y pasa a formar parte de los sistemas de información que permiten la gobernanza. La regularización en España exige además a los solicitantes que presenten certificados de antecedentes penales de sus países de residencia anteriores, lo que permite a las autoridades descartar y, potencialmente, expulsar a aquellos solicitantes que pudieran suponer una amenaza para la seguridad. Las autoridades españolas han subrayado que la regularización no es una alternativa a la aplicación de la ley, sino una condición previa para ello.

Los críticos suelen afirmar que los programas de regularización actúan como un factor de atracción que incentiva más llegadas irregulares. En conjunto, los datos no respaldan esta tesis. Un estudio de 2024 realizado por Ferran Elias, Joan Monras y Javier Vázquez-Grenno no encontró un aumento significativo de la inmigración tras la regularización de 700.000 personas llevada a cabo por España en 2005; los movimientos se debieron principalmente a las condiciones económicas de los países de origen y de destino. Un documento de trabajo de la International Network for Economic Research (INFER) que analiza los programas de regularización en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegó a conclusiones en gran medida coincidentes. Sin embargo, algunas investigaciones han revelado que las políticas de inmigración pueden afectar a los flujos de forma marginal, y el panorama varía según los distintos contextos.

Es importante destacar que los inmigrantes en situación irregular en España no habrían tenido ningún motivo para llegar anticipándose a la actual regularización. El decreto exige que los solicitantes demuestren cinco meses de presencia continua en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025.  Muchos beneficiarios habrán llegado años antes, a menudo en respuesta a condiciones económicas como la disponibilidad de empleo en España, la falta de oportunidades en su país de origen y las redes familiares preexistentes. Además, las llegadas irregulares a España se redujeron en más de un 40 por ciento en 2025, el año en que se anunció la regularización. Sin embargo, estos datos no contabilizarían a los migrantes que permanecieron en el país tras el vencimiento de su visado o de otro estatus legal, y el elevado número de solicitantes sugiere que la población en situación irregular podría haber sido mayor de lo que se estimaba. Aun así, los migrantes que llegaban no tenían motivos para esperar que se volviera a ofrecer este mecanismo en particular.

España sufre las consecuencias de los fracasos de integración de América Latina

La regularización en España puede normalizar la situación de las personas, pero no transformará las condiciones estructurales que generaron la movilidad irregular en primer lugar. Dado que la mayoría de migrantes irregulares en España proceden de América Latina —en muchos casos tras no haber logrado integrarse en un país de destino anterior—, es probable que muchas personas sigan emigrando a menos que puedan permanecer de forma más sostenible en su región de origen. En este sentido, la migración irregular hacia España suele ser una consecuencia derivada de los fracasos de integración en otros lugares.

Es posible que algunos gobiernos latinoamericanos se muestren satisfechos de que España actúe como válvula de escape, lo que podría reducir la presión sobre los servicios locales y generar las remesas que los migrantes envían a sus países de origen. Sin embargo, ese cálculo corre el riesgo de provocar fricciones tanto con España como con la Unión Europea en general. En cambio, los países que construyan sistemas de integración duraderos pueden posicionarse como socios creíbles no solo en la gestión de la migración, sino también en el establecimiento de vínculos comerciales, de inversión y laborales más sólidos que la movilidad bien gestionada hace posible.

El historial de los esfuerzos de integración regional pone de manifiesto esta brecha. Las regularizaciones para los venezolanos desarrolladas por Chile, Colombia, Ecuador y Perú fueron a menudo innovadoras según los estándares internacionales, pero tendían a ofrecer únicamente un estatus temporal, sin vías claras hacia la permanencia. En muchos casos, hacia 2022 o 2023, los programas se revocaron o se congelaron bajo presión política. El resultado fue una población que había sido registrada formalmente, pero que no estaba realmente incluida: privada del pleno acceso al mercado laboral, con restricciones en el acceso a los servicios y a la que se le negaba la perspectiva de permanencia que convierte a un migrante en parte interesada del lugar en el que vive. Cuando esas condiciones se deterioraron o fueron revocadas, las personas siguieron adelante.

La Tapón del Darién se convirtió en la medida más cruda de ese fracaso. Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1,2 millones de personas cruzaron la ruta migratoria extremadamente peligrosa entre Colombia y Panamá, con una cifra récord de 520.000 solo en 2023. Las decisiones de los migrantes de dirigirse hacia el norte eran complejas: algunos consideraban a Estados Unidos como el destino preferido independientemente de las condiciones regionales; para otros, los retos en Sudamérica —entre ellos, la paralización de los procesos de regularización, la exclusión del mercado laboral y la hostilidad social— reducían el valor percibido de quedarse. Las dos explicaciones no son mutuamente excluyentes, pero ilustran que muchas personas no veían la región como lo suficientemente atractiva como para quedarse.

España, por el contrario, había concedido hasta hace poco protección humanitaria nacional a los venezolanos, otorgando aproximadamente 240.000 permisos desde 2018. El Gobierno dejó de conceder o renovar los permisos a los venezolanos el 12 de junio, en pleno proceso de regularización y tras la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo; ahora, los titulares pueden solicitar permisos de residencia y trabajo de cuatro años de duración.

Las fronteras de Europa se están endureciendo

El entorno externo está cambiando ahora de tal manera que aumenta considerablemente lo que está en juego. El Pacto de la UE sobre Migración y Asilo entró en vigor el 12 de junio de 2026, endureciendo la aplicación de la ley, armonizando los procesos de asilo y reforzando significativamente las fronteras en todos los Estados miembros. Por lo tanto, la ruta hacia España a través de vías irregulares se volverá mucho más difícil. A esta presión se suma un reajuste más amplio de la arquitectura de visados de Europa: los nacionales de Bolivia, Cuba, la República Dominicana, Ecuador y Haití ya están sujetos a los requisitos de visado Schengen, y la creciente presión política dentro de la Unión Europea podría erosionar las exenciones de las que disfrutan los nacionales de otros países de América Latina. Los gobiernos están tomando conciencia de que deben abordar la gestión de la migración como una necesidad estratégica, en lugar de confiar pasivamente en el libre acceso. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha estado trabajando con los Estados miembros para que refuercen las vías regulares mediante instrumentos como la incipiente «EU Talent Pool», con el fin de facilitar la migración laboral regular para cubrir la escasez de mano de obra y hacer frente a las presiones demográficas, especialmente a medida que se reducen las rutas irregulares. No obstante, las decisiones sobre la admisión y la política de migración laboral siguen estando en gran medida en manos de los Estados miembros.

Las implicaciones para las Américas son dobles: la puerta trasera se está cerrando, y la puerta principal requiere un trabajo bilateral más deliberado para abrirse. En lugar de otra ronda de regularizaciones puntuales, los países de América Latina podrían verse impulsados a considerar auténticas estrategias de inclusión —acceso sostenido al mercado laboral y a los servicios públicos, así como vías claras hacia la permanencia— que den a las personas una razón real para quedarse y proporcionen a España un socio real con el que trabajar en flujos gestionados y ordenados. La ministra de Migración de España, Elma Saiz, ha sido explícita en este punto, al describir la cooperación bilateral en materia de migración circular como ventajosa para ambas partes y subrayar la necesidad de una «gestión eficaz de la movilidad humana» a través de alianzas estructuradas. España ha respaldado esa visión con recursos financieros, destinando 890.000 euros en 2024 a un programa gestionado por el Banco Mundial para desarrollar corredores de movilidad laboral con Colombia, la República Dominicana y Ecuador.

Se cierra una puerta, pero puede que se abra otra

América Latina podría llegar a considerar la regularización de España como una oportunidad estratégica. España tendrá ahora que absorber a cientos de miles de migrantes recién regularizados en su mercado laboral, un proceso que tardará en estabilizarse, para lo que el gobierno ha anunciado un plan de integración dotado con un presupuesto extraordinario. Pero a largo plazo, es probable que el país siga necesitando nuevos trabajadores del extranjero. Uno de cada cinco españoles tenía 65 años o más en 2024, el sistema de pensiones del país se encuentra bajo presión estructural y su población activa requiere una reposición sostenida. La regularización de 2026 puede dar un respiro a España, pero es poco probable que resuelva la aritmética demográfica subyacente. Pronto, la pregunta será de dónde vendrá la próxima cohorte —y a través de qué canales—.

España es, con diferencia, el socio migratorio europeo más importante para la región de América Latina y el Caribe. En 2025, recibió el 24 por ciento de todos los migrantes no comunitarios que llegaron al bloque (aproximadamente un millón de personas), más que cualquier otro Estado miembro. Tras haber regularizado a la población anteriormente en situación irregular y operando ahora bajo un régimen de la UE más estricto, España tendrá todos los incentivos para establecer vías legales de trabajo con los países de origen. Las condiciones para la cooperación son, en otras palabras, más favorables de lo que han sido en años.

Los socios naturales parecen claros. Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Honduras tienen acuerdos activos de migración laboral con España; la contratación en origen existe, pero su alcance sigue siendo limitado. Para impulsar esta migración laboral, los responsables políticos a ambos lados del Atlántico deberán diseñar la arquitectura que la haga viable y sostenible a mayor escala. Probablemente, ello implicaría definir los sectores prioritarios en España con una escasez real de mano de obra, agilizar la certificación de competencias y el reconocimiento de titulaciones de los migrantes, aclarar los parámetros contractuales y las protecciones de los trabajadores, y reducir las trabas administrativas que pueden hacer que las vías de migración irregular resulten más rápidas y baratas que las legales.

El cierre de la ruta irregular y la apertura de un espacio bilateral más estructurado podrían alinear los incentivos de ambas partes. Los gobiernos latinoamericanos podrían estar interesados en aprovechar ese momento para agilizar los procesos administrativos que los trabajadores deben tramitar antes de la salida, invertir en la certificación de competencias y el reconocimiento de titulaciones para que la oferta y la demanda de mano de obra puedan ajustarse de manera más eficiente, designar contrapartes institucionales con la autoridad y la capacidad para gestionar la contratación bilateral, y garantizar que los trabajadores que regresan y sus familias puedan reintegrarse de forma que la movilidad circular resulte creíble y repetible. Estas reformas son posibles, pero requerirían una atención sostenida y un compromiso político que a menudo ha brillado por su ausencia.

¿Una oportunidad para desarrollar y profundizar las alianzas?

Es posible que el modelo de regularización de España no pueda replicarse en otros lugares; de hecho, ha sido recibido con consternación en el resto de Europa, donde los gobiernos de todo el espectro político se han centrado en aumentar las repatriaciones de los migrantes que carecen de una vía para permanecer en el país. Sin embargo, demuestra que la regularización, cuando se basa en la lógica fiscal, las necesidades del mercado laboral y una gobernanza clara, puede ser tanto políticamente defendible como económicamente productiva. Los beneficiarios finales no son solo los migrantes que obtienen la regularización, sino las sociedades en su conjunto —tanto la española como las extranjeras— que se benefician de sistemas migratorios más ordenados, productivos y respetuosos con los derechos.

América Latina podrían responder a este momento invirtiendo en sistemas de integración y de migración laboral, pero el tiempo de la región es limitado. Los ciclos políticos, el nuevo Pacto de la UE y las fluctuaciones en el mercado laboral español a medida que integra a una mano de obra recién formalizada son factores que determinarán la migración futura. Actuar ahora para profundizar la cooperación bilateral, reactivar la agenda de integración de América Latina y construir la infraestructura institucional para una movilidad laboral ordenada probablemente la situará en una mejor posición de cara a lo que está por venir. Esperar probablemente significará que la ventana para la cooperación se haya cerrado y que las personas, como siempre hacen, hayan encontrado otra forma de desplazarse.

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