Nuevo informe de MPI-OEA elabora políticas creativas que gobiernos latinoamericanos han tomado para abordar la llegada de migrantes venezolanos, exige una visión a más largo plazo
WASHINGTON – Los países latinoamericanos que están alojando la gran mayoría de los más de 3 millones de venezolanos que han huido de una economía colapsada, severa escasez de alimentos y medicinas y conflictos políticos han respondido—hasta la fecha—con estrategias creativas y pragmáticas, encuentra un nuevo informe de políticas de Migration Policy Institute (MPI) y Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Se detalla la respuesta política en Creatividad dentro de la crisis: Opciones legales para inmigrantes venezolanos en América Latina, que se basa en trabajo de campo con formuladores de políticas públicas en Colombia, Perú y Ecuador, junto con análisis de la respuesta en otros lugares en Sudamérica, Centroamérica y México. Colectivamente, América Latina está alojando casi 80 por ciento de los migrantes y refugiados venezolanos. Los otros destinos principales son los Estados Unidos y España.
Enfrentando uno de los flujos migratorios más grandes y rápidos del mundo, los gobiernos de América Latina han creado programas temporales para regularizar el estatus de migrantes venezolanos en sus países, han buscado arreglos flexibles para permitir que ingresen con formas alternativas de identificación y han usado categorías de visas para facilitar la regularización. A pesar de que pocos tienen sistemas migratorios construidos para manejar un flujo de esta escala, la mayoría ha intentado mantener una puerta abierta y otorgar estancias legales para los migrantes venezolanos arribando a sus países, facilitando su integración a las comunidades y economías locales.
Los autores señalan que la provisión de vías legales y el acceso formal al mercado laboral son especialmente importantes, haciendo menos probable que los migrantes recién llegados desplacen a trabajadores locales dado que los empleadores así tienen menos incentivos para contratarlos como una fuente de trabajo más barata que la mano de obra local.
Sin embargo, la mayoría de los migrantes no tienen un estatus legal y muchas de las políticas vigentes tienen deficiencias en términos de cobertura, permanencia o acceso a servicios públicos, elabora el informe. Y con el reconocimiento creciente que estos migrantes recién llegados posiblemente no son huéspedes por un corto plazo—y que el éxodo venezolano podría crecer a quizás 2 millones más este año—los autores aclaran que el enfoque de los formuladores de políticas públicas debe ahora ir más allá de la respuesta inmediata a la crisis humanitaria y hacia la planificación a largo plazo.
“En adelante, los gobiernos de la región tienen que asegurar que los migrantes y refugiados venezolanos puedan mantener un estatus legal regularizado y que los recién llegados puedan integrarse a sociedades locales con éxito,” dice Andrew Selee, el presidente de MPI que coescribió el informe. “Mientras la respuesta política ha sido excepcionalmente cálida—aprovechando la apertura general de América Latina a la migración—está claro que el número de migrantes y los costos a corto y medio plazo impuestos a las sociedades receptoras son significativos y que la respuesta pública podría ser menos acogedora.”
Hasta ahora, algunos gobiernos han tomado pasos para limitar futuros flujos de venezolanos y aumentar tarifas de ingreso, algunas comunidades receptoras han expresado frustración por la presión ejercida sobre los proveedores locales de servicios y recursos y ha habido tensiones e incluso altercados entre poblaciones locales y migrantes recién llegados.
Los investigadores plantean que para evitar una reacción violenta extendida y para facilitar la integración de los migrantes venezolanos, los formuladores de políticas públicas tienen que abordar una serie de temas como la provisión de un estatus migratorio permanente hasta el acceso a servicios públicos y mercados laborales. Bien hecho, ésta puede ser una oportunidad para actualizar y fortalecer procesos gubernamentales y servicios públicos de manera que beneficien tanto a los migrantes recién llegados como a los residentes locales. Colombia y Perú—los dos principales destinos para los venezolanos—ya están aprovechando de la crisis para actualizar y digitalizar sistemas anticuados, y comenzar a establecer leyes que sean suficientemente flexibles para abordar las necesidades de ahora y el futuro.
“Los países de Europa, Norteamérica y Asia pueden aprender mucho de cómo los gobiernos latinoamericanos han intentado asegurar que el flujo de migrantes venezolanos a lo largo de la región pueda beneficiar las sociedades receptoras,” dijo Selee.
Lee el informe aquí: www.migrationpolicy.org/research/opciones-legales-migrantes-venezolanos-america-latina.
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El Migration Policy Institute (MPI) es una organización independiente, apartidista en Washington, D.C. dedicada al análisis del movimiento de gente a nivel global. MPI provee análisis, desarrollo y evaluación de políticas migratorias y de refugiados a nivel local, nacional e internacional.