El financiamiento cambiante de las respuestas al desplazamiento venezolano

Resumen ejecutivo

La reestructuración y los drásticos recortes de la ayuda exterior de los Estados Unidos iniciados a comienzos de 2025, junto con la reducción de los presupuestos de otros donantes importantes, han reavivado preocupaciones de larga data sobre el futuro de la ayuda internacional. Desde que comenzó el desplazamiento masivo de venezolanos en 2015, América Latina ha logrado un progreso extraordinario, aunque desigual, en el apoyo e integración de los migrantes y refugiados, respaldado por la ayuda financiera de los Estados Unidos y otros donantes. Este progreso se encuentra en un punto de inflexión, ya que los recortes presupuestarios han ocasionado la suspensión de servicios y ayudas humanitarias en América Latina, tanto para migrantes como para la población no migrante, y han debilitado el progreso hacia el desarrollo económico y social.

A raíz de la crisis venezolana, surgió un complejo panorama de financiación, que involucra a gobiernos donantes, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado, incluidas entidades filantrópicas y fundaciones. Algunos han aportado fondos mediante donaciones, préstamos y créditos, mientras que otros actúan como intermediarios de financiación e implementadores de proyectos, y otros cumplen ambas funciones. La cantidad y diversidad de instituciones involucradas, sumadas a la falta de datos centralizados, dificultan comprender la complejidad total del ecosistema de financiación, así como las implicaciones de los grandes cambios ocurridos en los últimos años.

"Examinar cómo operaba el ecosistema antes de los recortes de ayuda internacional en 2025 permite identificar las capacidades, las relaciones y las brechas de financiación que moldearon la respuesta regional al desplazamiento."

Para este estudio, los investigadores del Migration Policy Institute, elaboraron un mapeo del ecosistema de financiación internacional que apoyaba la respuesta al desplazamiento de venezolanos en América Latina entre 2019 y 2024. Para ello, los investigadores realizaron más de 40 entrevistas semiestructuradas con representantes de organizaciones intergubernamentales, gobiernos donantes, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, actores del sector privado y entidades filantrópicas; analizaron datos del Servicio de Seguimiento Financiero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas; y examinaron datos disponibles públicamente Banco Europeo de Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, incluidos los del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional, alojado por el Banco Mundial.

Examinar cómo operaba el ecosistema antes de los recortes de ayuda internacional en 2025 permite identificar las capacidades, las relaciones y las brechas de financiación que moldearon la respuesta regional al desplazamiento, comprender cómo evolucionaron estas dinámicas y reconocer qué enfoques podrían contribuir de manera sostenible a la inclusión de migrantes y refugiados en un entorno de financiación más limitado. Entre las principales tendencias del periodo 2019-2024 se incluyen:

• La atención de los donantes ha tenido altibajos, pero de manera constante ha sido insuficiente frente a las necesidades y ha disminuido considerablemente en los últimos años. Si bien el desplazamiento venezolano atrajo inicialmente la atención global, el apoyo se mantuvo modesto y esporádico en comparación con el destinado a otras grandes crisis —como la de Siria—, especialmente por parte de donantes fuera de la región, y ha sido insuficiente de manera constante frente a la magnitud de las necesidades. Las crisis simultáneas y las prioridades políticas cambiantes determinaron tanto qué donantes participaban en la respuesta como el alcance de su compromiso.
• La rapidez a menudo se impuso sobre la estrategia, lo que debilitó la coordinación. En las primeras etapas de la respuesta, muchos donantes priorizaron el rápido despliegue por encima de la coordinación, lo que dio lugar a un panorama saturado y poco alineado. Los nuevos actores —muchos de los cuales se involucraban por primera vez en temas de migración en América Latina— pusieron en marcha proyectos sin antes evaluar las necesidades locales, las brechas o sus propias ventajas comparativas, lo que provocó la duplicación de esfuerzos y la pérdida de oportunidades de colaboración.
• La transición de la ayuda humanitaria hacia el apoyo a largo plazo fue desigual y no lineal. A medida que el desplazamiento se prolongaba, los donantes y los países de acogida enmarcaron cada vez más la migración como un catalizador del desarrollo y abogaron por alejarse de un enfoque centrado en la ayuda humanitaria, pero sin una hoja de ruta clara para dicha transición. Las nuevas crisis llevaron a los donantes a revisar sus prioridades de apoyo a corto plazo, y muchas organizaciones tenían mandatos centrados únicamente en la ayuda humanitaria, dejándolos sin las herramientas adecuadas para responder a un conjunto de necesidades diversas y de mayor envergadura. Una transición completa hacia una financiación para el desarrollo a largo plazo requeriría cambios significativos que probablemente resultarían complejos y costosos, aunque en última instancia, más efectivos.
• El sector privado y los gobiernos locales han surgido como actores estratégicos, pero aún no se ha desbloqueado su potencial. A pesar de operar en sistemas políticos altamente centralizados, los gobiernos locales lograron aprovechar la colaboración internacional para acceder a recursos, obtener financiación de los donantes e intercambiar buenas prácticas. Los actores locales del sector privado también asumieron un papel activo en el financiamiento, la implementación y la promoción de iniciativas para la inclusión económica de los venezolanos, así como en la expansión de proyectos mediante alianzas y modelos de financiación innovadores. Ambos grupos de actores aportaron un conocimiento valioso de las realidades locales y las necesidades de las comunidades, pero su labor sigue siendo poco reconocida y, en algunos casos, subfinanciada, pese a su potencial de impacto.
• El liderazgo de los países de acogida ha sido inconsistente. Inicialmente, varios gobiernos de América Latina demostraron una fuerte apropiación política de las medidas de respuesta y coordinación, pero ese impulso resultó difícil de sostener. Las transiciones de liderazgo trajeron consigo, con frecuencia, cambios en las prioridades, reajustes institucionales y una continuidad débil, lo que generó frustración entre los donantes y socavó la confianza en la apropiación local. La falta de planeación de políticas a largo plazo y de coordinación intergubernamental contribuyó a generar ineficiencias y una implementación fragmentada.
• La clasificación de los principales países de acogida como países de renta media limitó la participación de los donantes. Dicha clasificación restringió el acceso de estos países a financiación en condiciones favorables y a otras formas específicas de asistencia, incluso cuando sus presupuestos nacionales se enfrentaban a una presión considerable, especialmente tras el inicio de la pandemia. Como resultado, los gobiernos enfrentaron altas expectativas de recibir e integrar a la población migrante venezolana, sin contar con recursos suficientes, mientras que los donantes se mostraron reticentes a cubrir dichos vacíos sin antes contar con estrategias claras y mayores garantías de continuidad de las políticas.

Los países de acogida y los países donantes, los bancos de desarrollo multilaterales, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, los actores del sector privado y otros actores importantes deberían consideran las siguientes acciones estratégicas para responder de manera más efectiva a los retos actuales de la región:

• Esclarecer los roles y fortalecer el liderazgo gubernamental. Los donantes y los socios implementadores deberían coordinar en función de sus ventajas comparativas, minimizar la duplicación y fortalecer el liderazgo de los gobiernos nacionales. Los gobiernos de los países de acogida, gracias a tener la autoridad para convocar y coordinar entre sectores y jurisdicciones subnacionales, deberían establecer políticas y marcos migratorios claros y consistentes, que fomenten la confianza de los donantes. Los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil también deberían fortalecerse mediante el desarrollo de sus competencias, capacitaciones y un mayor acceso a mecanismos de financiación.
• Articular las respuestas humanitarias y de desarrollo desde el inicio. La ayuda humanitaria y la asistencia para el desarrollo deberían concebirse como interdependientes, en lugar de hacerlo de forma secuencial. Muchos contextos requieren una infraestructura humanitaria sostenida, incluso mientras los programas de desarrollo siguen en marcha. Al lograr que los esfuerzos humanitarios y de desarrollo se refuercen mutuamente, especialmente en contextos de crisis prolongadas, los países pueden fortalecer su resiliencia y capacidad institucional, al tiempo que garantizan respuestas más adaptativas tanto a las crisis actuales como a las que puedan surgir en el futuro.
• Vincular las estrategias de migración a las prioridades generales de desarrollo y a la financiación. Los países de acogida deberían identificar oportunidades para alinear sus propuestas con las prioridades de los donantes y con sus propias metas nacionales de desarrollo. Reconocer y planear en función de las limitaciones a las que se enfrentan los países de renta media, tales como el acceso limitado a financiación en condiciones favorables o la naturaleza cambiante de las prioridades de los donantes, será fundamental para poder diversificar y garantizar una financiación más estable.
• Replicar y ampliar modelos de integración prometedores liderados por el sector privado. Muchas empresas y asociaciones locales llevan a cabo iniciativas de inclusión que, a menudo, se desarrollaron originalmente para poblaciones locales vulnerables y posteriormente se ampliaron para beneficiar también a los migrantes. Estos suelen operar de manera aislada y no se conciben como esfuerzos de integración migratoria. Los gobiernos de los países de acogida y los actores del sector privado deberían buscar realizar un mapeo de los programas existentes, promover el intercambio de conocimientos y construir colaboraciones para escalar los modelos efectivos, en vez de reinventar programas similares.
• Invertir en modelos de financiación innovadores para diversificar las fuentes de recursos. Las finanzas innovadoras —que aprovechan capital público, privado y filantrópico— ofrecen oportunidades para ampliar las bases de financiación, aliviar la fatiga de los donantes y reducir la dependencia de los donantes tradicionales. Alinear los objetivos públicos con los privados desde el inicio puede propiciar colaboraciones innovadoras que apoyen la integración sostenible de los migrantes.

En los últimos años, el panorama de la ayuda exterior en América Latina se ha caracterizado por la proliferación de donantes que apoyan por primera vez iniciativas relacionadas con la migración en la región; donantes que, ante una crisis prolongada, se plantean cómo adaptar sus estrategias; y por donantes que reorientan su atención en respuesta a crisis globales que compiten entre sí. Más recientemente, a partir de 2025, la región ha experimentado la retirada de la ayuda de su principal donante. Como consecuencia, el ecosistema de la ayuda exterior ha cambiado drásticamente. Si bien la falta de datos actualizados, públicos y centralizados dificulta medir el impacto total de este cambio, América Latina corre un claro riesgo de perder los avances logrados en materia de gestión e integración migratoria, si no desarrolla de manera proactiva nuevas soluciones de financiación. Las estrategias analizadas en este informe pueden ayudar a que la región se prepare para lo que se viene.

1. Introducción

La respuesta de América Latina a la crisis de desplazamiento venezolano ha entrado en una nueva fase. La década pasada ha traído a la región retos migratorios sin precedentes y ha impulsado a los donantes internacionales a financiar soluciones innovadoras y colaborativas. Sin embargo, esa financiación se está reduciendo incluso mientras más de 6,9 millones de venezolanos permanecen en los países vecinos, que se han convertido en destinos a largo plazo1. Al mismo tiempo, dado las políticas migratorias implementadas por los Estados Unidos durante la segunda administración del presidente Donald Trump, muchos venezolanos que planeaban migrar hacia ese país, así como a quienes ya residían en condición migratoria precaria, están reconsiderando sus opciones y podrían trasladarse o regresar a otros países de América Latina, en particular a ciudades que ya han acogido a un gran número de venezolanos. Esto plantea preguntas fundamentales sobre los sistemas latinoamericanos de integración migratoria, la continuidad de las políticas y la manera en que se moviliza la ayuda ante las dinámicas cambiantes del desplazamiento.

En particular, durante los primeros años, la escala sin precedentes de la crisis venezolana atrajo la atención de diversos actores —incluidos actores del desarrollo, organizaciones intergubernamentales y agencias de donantes— que no habían colaborado previamente en temas de desplazamiento internacional en América Latina. Su objetivo era fortalecer la capacidad de gobernanza migratoria de los países de renta media que contaban con experiencia limitada, recursos escasos y una capacidad institucional reducida para gestionar la migración de manera eficaz sin apoyo externo. Los esfuerzos superpuestos y en competencia para fortalecer la gobernanza migratoria de la región dieron lugar a programas fragmentados, a menudo improvisados, mientras que las distintas agencias competían por recursos limitados.

Como respuesta a la presión generada por el creciente desplazamiento y por una ayuda cada vez más fragmentada, las instituciones multilaterales crearon mecanismos para optimizar la coordinación y la financiación de la respuesta al desplazamiento venezolano. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), creada en 2018 y coliderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se convirtió en el mecanismo principal para coordinar la respuesta internacional. La plataforma R4V ha reunido a diversos actores de América Latina y el Caribe —aproximadamente 150 a agosto de 2026— para coordinar el Plan de Respuesta Regional, que sirve como marco estratégico de financiación y mecanismo de movilización de recursos para orientar la respuesta al desplazamiento en la región2. Conocido como el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés), el plan orienta las contribuciones de los donantes, alinea los esfuerzos de implementación y ayuda a canalizar la financiación hacia las necesidades prioritarias de los países y los sectores.

Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) también intensificaron sus esfuerzos al ofrecer una serie de mecanismos de financiación, incluida la financiación en condiciones favorables, para apoyar a los gobiernos que acogían al mayor número de migrantes y refugiados venezolanos. El creciente enfoque en la integración migratoria y en el desarrollo también atrajo a actores del sector privado y de la comunidad filantrópica.

A pesar de estos esfuerzos multilaterales de coordinación, las crisis globales —desde la pandemia del COVID-19 hasta los conflictos armados y los desastres naturales— han puesto a prueba la respuesta internacional al desplazamiento venezolano. América Latina ha tenido que competir por recursos financieros y atención política, en medio de presiones cada vez mayores y de un panorama global cada vez más saturado, especialmente después de los recortes y las pausas en la ayuda extranjera de los Estados Unidos anunciados en enero de 2025. Esta proliferación de crisis y necesidades humanitarias, sumada a la disminución general de la ayuda internacional, exige una reevaluación crítica de los recursos disponibles para financiar las respuestas migratorias y humanitarias en América Latina.

"América Latina ha tenido que competir por recursos financieros y atención política, en medio de presiones cada vez mayores y de un panorama global cada vez más saturado."

También es necesario reconsiderar cómo se asigna la financiación. Los patrones migratorios de la región han evolucionado, y cada vez más migrantes no solo están de paso, sino que establecen raíces duraderas en los lugares de destino. Por lo tanto, es necesario reorientar la financiación, alejándola de un enfoque centrado exclusivamente en la ayuda humanitaria y las soluciones de corto plazo, y dirigiéndola hacia iniciativas holísticas de integración y desarrollo a largo plazo. Sin embargo, dicha transición no es lineal ni uniforme. Algunos lugares, tales como las ciudades fronterizas que continúan recibiendo un alto número de migrantes, todavía requieren apoyo humanitario. Mientras tanto, defender los esfuerzos en favor de una integración sostenible sigue siendo un desafío en una región marcada por la desigualdad, donde amplios sectores de la población local viven en condiciones de pobreza y fragilidad.

Este informe presenta el primer análisis exhaustivo de la respuesta de la ayuda internacional y de la financiación del sector privado al desplazamiento venezolano en América Latina, con un enfoque en Colombia y Ecuador para ilustrar tendencias más amplias en materia de ayuda humanitaria y de desarrollo. El informe examina las tendencias generales de financiación con el fin de ayudar a los actores involucrados a fortalecer la coordinación, movilizar una financiación más sostenible y diversificada y diseñar respuestas que articulen mejor las necesidades humanitarias, de desarrollo e integración.

Para ello, investigadores del Migration Policy Institute (MPI) realizaron más de 40 entrevistas semiestructuradas con representantes de organizaciones intergubernamentales (OIG), gobiernos donantes, organizaciones de la sociedad civil (OSC), gobiernos locales y actores clave del sector privado y de la comunidad filantrópica. Para identificar las tendencias de financiación, los investigadores analizaron la base de datos del Servicio de Seguimiento Financiero (FTS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), la cual realiza seguimiento de las contribuciones recibidas por el plan regional e identifica sus fuentes y destinatarios. Estos también analizaron datos, públicamente disponibles, Banco Europeo de Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, incluidos los del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF, por sus siglas en inglés), alojado por el Banco Mundial. (Ver el Apéndice de este informe para más información sobre la metodología de este estudio.)

Este informe explora los principales mecanismos de financiación que apoyan la respuesta internacional al desplazamiento venezolano, analiza las tendencias regionales de financiación entre enero de 2019 y diciembre de 2024, y evalúa las limitaciones para hacerle seguimiento a los flujos de financiación. También mapea las relaciones entre los actores involucrados en el ecosistema de financiación, incluyendo sus roles —como donantes, intermediarios, recipientes o implementadores— y la forma en que los fondos han sido distribuidos. El informe luego examina cómo los objetivos de financiación han cambiado con el tiempo y resalta los nuevos actores claves que han surgido. Este informe concluye con recomendaciones de cara al futuro que ofrecen una hoja de ruta para fortalecer la coordinación y la complementariedad entre los actores, así como para promover una financiación más sostenible para la región.

2. La evolución de la escala de la financiación de la ayuda internacional

La respuesta al desplazamiento venezolano a menudo ha estado subfinanciada, incluso en comparación con otras crisis humanitarias3. En 2019, los venezolanos constituían la segunda población desplazada más grande del mundo, después de la población siria; sin embargo, recibieron considerablemente menos atención y apoyo4. Durante el 2018 y el 2019, ningún país latinoamericano figuró entre los primeros 20 países destinatarios de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en cuestiones relacionadas con los refugiados, mientras que Turquía, Jordania y Líbano ocuparon los tres primeros puestos, en ese orden5.

Dado que muchos de los países de acogida de América Latina y el Caribe son países de renta media, con frecuencia se encuentran en una posición difícil: carecen de la capacidad financiera de los países de acogida de renta alta de Europa y Norteamérica, pero tampoco cumplen los requisitos para acceder a muchas de las oportunidades de financiación más generosas de los mecanismos de subvenciones reservados para los países de renta baja. La elegibilidad para la financiación con condiciones favorables generalmente depende de los indicadores de ingreso per cápita y no considera las necesidades multidimensionales de desarrollo de muchos países, incluidos aquellos de renta media6. Esta situación refleja una versión de la trampa de la renta media, pero aplicada a la gobernanza migratoria: los países no son ni lo suficientemente pobres para atraer ayuda internacional sostenible, ni lo suficientemente ricos para financiar por sus propios medios respuestas masivas de integración a gran escala.

"Esta situación refleja una versión de la trampa de la renta media, pero aplicada a la gobernanza migratoria."

Un análisis más detallado de las promesas de financiación de los donantes, incluida la evolución del panorama de donantes y de los mecanismos de financiación, permite comprender mejor la escala y el alcance de la financiación destinada a la respuesta al desplazamiento venezolano. Los compromisos de los donantes aumentaron inicialmente entre 2019 y 2020, pero luego disminuyeron de forma precipitada. En 2019, las promesas de los donantes internacionales por 120 millones de euros (aproximadamente USD 134 millones) representaban alrededor del 18 por ciento de los requisitos de financiación del RMRP (USD 738 millones)7. En 2020, las promesas de financiación crecieron significativamente a USD 2.800 millones, el doble que los USD 1.400 millones previstos en el plan. La atención de los donantes declinó constantemente después de que el foco internacional se volcara hacia otras crisis de desplazamiento, particularmente a aquellas de Afganistán en 2021 y en Ucrania en 2022 (véase la Figura 1). Por ejemplo, Ucrania pasó de ser el diecinueveavo en el ranking de países destinatarios de ayuda de la AOD (USD 2.100 millones) a ser el que más recibía en 2022 (USD 28.700 millones)8.

Los donantes entrevistados para este proyecto señalaron que, debido a la distancia geográfica respecto a sus capitales, la crisis venezolana no ha figurado entre las prioridades centrales de su política exterior. A pesar de que el flujo de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos y Canadá contribuyó a mantener la crisis en las agendas de estos países, sostener el compromiso de los donantes se ha vuelto cada vez más difícil a medida que la crisis se prolonga9. Este declive se intensificó en 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció una reevaluación general y un realineamiento de su ayuda exterior, lo que se tradujo en un recorte del 83 por ciento de los fondos gestionados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) a partir de marzo de 2025. Esta decisión redujo aún más los recursos disponibles para programas tanto bilaterales como multilaterales10. Solo se cubrió el 10 por ciento de las necesidades de financiación del plan regional para 2025, y para septiembre de 2026 solo se había cubierto el 16 por ciento de las necesidades de financiación para 202611.

El carácter fluctuante del compromiso de los países de acogida también influyó en las solicitudes de financiación y en las promesas de los donantes. Al principio, muchos líderes políticos de la región dieron la bienvenida a los venezolanos y priorizaron la respuesta migratoria en sus procesos de recaudación de fondos de donantes internacionales. Pero a medida que la opinión pública sobre los migrantes empeoró y surgieron otras prioridades internas que competían por la atención, decayeron el impulso político y la labor de incidencia para integrar a los migrantes venezolanos y garantizar la financiación de dichos esfuerzos. Este cambio se reflejó en la disminución de la participación de los gobiernos de los países de acogida en las conferencias de donantes internacionales. Las primeras conferencias atrajeron líderes gubernamentales de alto nivel, pero dicho nivel fue bajando con el tiempo, e incluso algunos gobiernos dejaron de participar del todo12. En un panorama de ayuda global cada vez más saturado, donde múltiples crisis compiten por recursos limitados, la disminución del liderazgo y empoderamiento de los países de acogida, dificultaron aún más poder mantener el compromiso de los donantes, así como poder garantizar una financiación predecible y a largo plazo.

Los retos relacionados con los datos para el seguimiento de las promesas de financiación y las contribuciones efectivas de los donantes

Los datos para este análisis provienen principalmente de la plataforma R4V, que realiza seguimiento de los compromisos y las contribuciones de los donantes al plan regional a través del FTS. Con base en la información reportada voluntariamente, la herramienta identifica las fuentes y los destinatarios de las contribuciones, los montos de financiación, los países que reciben los fondos y las tendencias de financiación a lo largo del tiempo. Por su parte, los BMD también reportan públicamente sus transacciones, incluidas las fuentes de financiación, las descripciones de los proyectos, los destinatarios, y si los fondos son reembolsables o no. Como resultado, los datos del FTS ofrecen información sobre los flujos de financiación complementarios —la financiación canalizada a través de organizaciones internacionales en vez de destinarse directamente a los gobiernos de acogida— y las bases de datos de los BMD, capturan los flujos de financiación directos entre los BMD y los gobiernos de acogida. Por lo tanto, la financiación de los BMD y de los gobiernos donantes a los gobiernos de acogida, ya sea mediante ayuda al desarrollo o préstamos, debe analizarse por separado.

A pesar de los esfuerzos por centralizar y hacer accesibles los datos de financiación, persisten retos importantes para obtener una imagen completa del panorama de financiación. Uno de los retos es la brecha entre las promesas de financiación de los donantes y los desembolsos efectivos13. Por ejemplo, en agosto de 2026, al menos USD 465 millones, correspondientes a los años 2020 y 2021, aún figuraban como promesas de financiación o compromisos pendientes14. Estos vacíos se deben tanto a la toma de decisiones de los donantes como a cuestiones relacionadas con el proceso de recolección de información. Las promesas de financiación no son vinculantes y pueden retirarse o revisarse a medida que cambian las prioridades de los donantes, se estancan las negociaciones o los procesos burocráticos retrasan los pagos. Asimismo, rara vez los fondos se transfieren inmediatamente después de ser prometidos. Las fechas de los pagos suelen depender de los calendarios fiscales de los donantes o de la complejidad de las negociaciones de los préstamos, lo que termina por generar retrasos inevitables entre los compromisos y la entrada efectiva de recursos15. En algunos casos, los donantes anuncian las mismas promesas de financiación tanto en acuerdos bilaterales como en conferencias internacionales, lo que da lugar a un doble conteo de las promesas, mas no necesariamente de los desembolsos efectivos.

Aunque los niveles generales de promesas de financiación han disminuido con el tiempo, las tendencias de desembolso no muestran un patrón uniforme. Las contribuciones pagadas aumentaron entre 2019 y 2020, en consonancia con el aumento temporal de las promesas de financiación, y el pico de desembolsos registrado en 2022 podría deberse en gran medida al desfase entre las promesas y su cumplimiento. Además, no todas las contribuciones de los gobiernos donantes pasan por el marco del RMRP16. Algunos donantes canalizan la financiación a través de mecanismos alternos, ya sean bilaterales o multilaterales. Por lo tanto, la disminución de las contribuciones al plan regional en los años recientes podría reflejar una reducción general de la ayuda exterior, o bien un cambio de la ayuda humanitaria hacia la financiación para el desarrollo, gran parte de la cual tiene lugar fuera del marco del RMRP (véanse las Secciones 3.A. y 3.B.).

Otro factor que complejiza aún más esta cuestión es que los datos que se encuentran fuera del marco del RMPRP no capturan del todo, ni directa ni indirectamente, todos los recursos destinados al desplazamiento venezolano. La financiación de los BMD a los países de acogida podría respaldar proyectos que benefician a los venezolanos, incluso si no están diseñados explícitamente como programas migratorios. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, por ejemplo, han financiado esfuerzos para fortalecer el sistema de salud de Colombia, incorporando al mismo tiempo indicadores específicos sobre migrantes, como el aumento de la afiliación de migrantes regulares al sistema de seguridad social17. Integrar a los migrantes venezolanos en la planeación general del desarrollo se considera una buena práctica, pero también dificulta cuantificar con precisión los recursos asignados a actividades relacionadas con la migración.

Un reto similar se aplica a los programas humanitarios operados por las OIG y las OSC. Antes de haber ampliado sus servicios para incluir a los venezolanos, muchas de estas organizaciones ya atendían a poblaciones con necesidades humanitarias, como los desplazados internos y las víctimas de violencia en Colombia y Ecuador. Estos programas adaptados suelen carecer de indicadores específicos por migrante o por nacionalidad, por lo que los implementadores saben que los venezolanos se encuentran entre los beneficiarios, pero no siempre pueden determinar qué parte de la financiación o de los servicios se dirige específicamente a esta población.

3. La diversidad de actores en el panorama de financiación

El apoyo financiero para los países que acogen migrantes en América Latina proviene de una amplia variedad de actores, a través tanto de mecanismos específicos para el desplazamiento venezolano como de la ayuda general al desarrollo. Solo dentro del RMRP, al menos 210 actores participaron en la respuesta a la migración venezolana entre 2019 y 202418. Este enorme ecosistema incluye entidades que otorgan recursos financieros, —a través de subvenciones, préstamos o créditos—, actores que sirven como intermediarios de financiamiento, y aquellos que funcionan como implementadores de proyectos, con algunos incluso cumpliendo múltiples roles19. Actores como la OIM y el ACNUR tienen mandatos migratorios específicos y hacen las veces de implementadores de programas y de canalizadores de la financiación de los donantes. Otros, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, por sus siglas en alemán), operan bajo mandatos generales de desarrollo o de sostenibilidad y se involucran en programas relacionados con la migración a través de dichos mandatos.

"Este enorme ecosistema incluye entidades que otorgan recursos financieros, —a través de subvenciones, préstamos o créditos—, actores que sirven como intermediarios de financiamiento, y aquellos que funcionan como implementadores de proyectos, con algunos incluso cumpliendo múltiples roles."

El elevado número de actores involucrados, junto con la ausencia de información financiera integral y centralizada, dificulta captar la escala del ecosistema de financiación y las relaciones entre sus participantes en su totalidad. A partir de las bases de datos disponibles y de entrevistas detalladas con los actores involucrados, el ejercicio de mapeo realizado por los investigadores del MPI ofrece una visión general y sistemática del ecosistema de financiación migratoria en América Latina y el Caribe, así como una mirada más cercana a los casos de Colombia y Ecuador. El análisis identifica cómo fluye la financiación entre los donantes, los intermediarios financieros, los implementadores de los programas y los destinatarios finales, y reconoce que los fondos a menudo pasan por múltiples canales antes de llegar a su destinatario final (véase la Figura 3).

Los datos del FTS muestran que algunos actores desempeñan múltiples roles, lo que significa que la financiación —a veces proveniente de la misma fuente— fluye en múltiples direcciones. Esta sección examina a los actores principales en el ecosistema, sus roles como contribuidores de financiación, intermediarios o receptores, y la forma en que la financiación se moviliza, canaliza y asigna a través de ellos.

Figura 3. Actores y flujo de financiación para proyectos relacionados con la migración en América Latina y el Caribe, 2020-2024

A. Los gobiernos donantes y las agencias de desarrollo

Los gobiernos donantes han sido la fuente principal de financiación para la respuesta al desplazamiento venezolano, y han ofrecido tanto ayuda humanitaria para atender las necesidades urgentes como ayuda al desarrollo a largo plazo para apoyar la integración económica, la cohesión social y la integración duradera. Estos gobiernos suelen canalizar sus contribuciones a través de agencias de desarrollo —como USAID, antes de los grandes recortes de 2025, o Global Affairs Canada—, aunque algunos también ofrecen financiación a través de sus ministerios de finanzas o de asuntos exteriores, o de sus agencias especializadas en cooperación20. Los gobiernos donantes también ejercen influencia directa sobre el diseño de los programas, ya que seleccionan y supervisan a los socios implementadores, tales como Chemonics, Mercy Corps y ABT Associates.

Su participación en la respuesta ha tomado varias formas:

• El RMRP: los gobiernos donantes son la principal fuente de financiamiento del RMRP y comprometen recursos que luego se canalizan a través de OIG, OSC y, en menor medida, organizaciones filantrópicas21. Estos socios actúan tanto como intermediarios como implementadores de las actividades del RMRP.
• BMD: los donantes también financian la respuesta a través de BMD como el Banco Mundial —a través del GCFF—, el BID y el Banco Europeo de Inversiones. Estas instituciones actúan como intermediarios financieros, permitiéndoles a los donantes aprovechar la asistencia técnica, canalizar la financiación a través de instituciones con relaciones ya establecidas con los gobiernos de acogida, e incrementar el impacto de sus recursos; por ejemplo, al combinar las subvenciones de los donantes con préstamos de mayor valor de los BMD.
• Cooperación bilateral: los gobiernos donantes participan en programación bilateral con los gobiernos de los países de acogida, pero su escala es difícil determinar, ya que una porción significativa de la financiación se dirige a los gobiernos nacionales y locales y no se reporta en la plataforma de R4V. La programación bilateral incluye tanto iniciativas de nivel nacional como financiación destinada a los gobiernos subnacionales.

El panorama general de la financiación puede parecer fragmentado debido a que el involucramiento de los donantes ocurre a lo largo de un número diverso de canales y de ramas gubernamentales. Esta complejidad dificulta el seguimiento del alcance total de las contribuciones de los donantes —particularmente aquellas fuera del marco del RMRP— así como la comprensión de cómo se entrecruzan las distintas fuentes de financiación humanitaria y de desarrollo.

Los datos del RMRP, los cuales excluyen a los BMD y los acuerdos bilaterales, muestran qué gobiernos donantes proporcionaron financiación directamente a través del marco, así como el tamaño de su aporte. Entre 2019 y 2024, los gobiernos donantes contribuyeron aproximadamente USD 2.300 millones al marco del RMRP. Durante este periodo, un promedio de 79 por ciento de la financiación se destinó a las OIG22. Esta concentración refleja la preferencia de los donantes por trabajar a través de instituciones multilaterales e internacionales que ofrecen experiencia técnica, capacidad operativa y mecanismos de coordinación regional, en lugar de hacerlo directamente con actores nacionales o locales. Muchas de estas OIG son organismos de la ONU con mandatos de larga data en materia de ayuda humanitaria y de protección.

Los gobiernos que han aportado esta financiación, así como los montos aportados, han variado con el paso del tiempo. A pesar de que al inicio varios gobiernos donantes contribuyeron al RMRP, su número fue disminuyendo de forma constante, de 23 en 2019 a 13 en 202423. De manera más notable, la participación de Estados Unidos en la contribución total pasó del 65 por ciento en 2019 al 89 por ciento en 2024 (véase la Figura 4) y, en general, el total de las contribuciones de Estados Unidos al RMRP creció durante este período. Como resultado, la respuesta se volvió cada vez más dependiente de un único donante, lo que la dejó especialmente vulnerable a la reducción de la ayuda exterior de EE. UU. en 2025.

Los donantes de fuera del hemisferio también participaron en la respuesta, aunque en distintos grados. La Comisión Europea, por ejemplo, fue el segundo mayor donante del RMRP entre 2019 y 2024 (véase la Figura 4). Sin embargo, los gobiernos donantes europeos y asiáticos no mostraron el mismo nivel de compromiso sostenido. Algunos gobiernos, como los de Corea del Sur y Noruega, se encontraban entre los donantes más destacados al inicio del período analizado, mientras que otros, como Francia e Italia, aumentaron su participación en los años siguientes24. Estas fluctuaciones suelen reflejar cambios en las prioridades domésticas, fatiga de los donantes o la carencia de un enfoque estratégico a largo plazo para la colaboración en materia migratoria en América Latina.

La participación de los gobiernos donantes europeos en la respuesta a la crisis venezolana cambió notablemente a medida que surgían otras crisis de desplazamiento, en particular aquellas percibidas como geográfica y políticamente más cercanas, tales como la invasión rusa a Ucrania. En 2022, Ucrania fue el mayor receptor de AOD proveniente de las instituciones europeas y de Alemania, y el segundo mayor receptor por parte de Francia y del Reino Unido. Esta reasignación de recursos coincide con el declive de la financiación para América Latina, particularmente en contextos de desplazamiento prolongado. Las entrevistas sugieren que varias fuentes de financiación ya aprobadas y planeadas para Sudamérica fueron pospuestas, reducidas en su tamaño o redirigidas a medida que las prioridades de los donantes se ajustaban al panorama geopolítico en evolución. Por ejemplo, la OSC Ending Violence Against Migrants, en Ecuador, iba a recibir financiación de una agencia europea de desarrollo para proyectos de educación y salud, pero al final, la mitad de los fondos prometidos se redirigió a la respuesta a la crisis en Ucrania25.

En 2025, varios donantes europeos anunciaron que también reducirían sus presupuestos de AOD para el período 2025-2027. Estos anuncios hechos por Francia, Alemania y Reino Unido fueron particularmente significativos porque, junto a Estados Unidos, estos países representaban casi dos tercios del total de la AOD de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos durante la última década26. El Reino Unido, por ejemplo, anunció en su presupuesto multianual que reduciría su gasto en AOD en aproximadamente un tercio27. Aunque la respuesta de Venezuela ha dependido menos de los donantes europeos que de los Estados Unidos, estas reducciones también repercuten en todo el ecosistema de financiación.

El panorama de la financiación se ha vuelto aún más restrictivo en 2026. Francia anunció otro recorte importante en su presupuesto para AOD, lo que añade más presión sobre sus agencias de desarrollo28. Alemania redujo su presupuesto de cooperación al desarrollo y adoptó una reforma que reservará la financiación mediante subvenciones para los países de renta baja, mientras que para los países de renta media priorizará los préstamos, el comercio y las alianzas de inversión29. Si bien las reformas alemanas no mencionan explícitamente un retiro de América Latina, su énfasis en los préstamos por encima de las subvenciones para los países de renta media probablemente reconfigurará y reducirá la financiación proveniente de subvenciones en la región. Mientras tanto, en junio, Suiza declaró explícitamente que, como parte de su estrategia de cooperación para el periodo de 2029-2032, planea reducir el tamaño de la cooperación al desarrollo en América Latina a partir de 202730.

B. Bancos multilaterales de desarrollo

Los BMD son una fuente esencial de financiación relacionada con la migración en América Latina y el Caribe. El monto total de fondos desembolsados por los BMD a través de varios mecanismos (subvenciones, donaciones y préstamos) excede significativamente el volumen de lo que otros actores contribuyeron mediante el RMRP, que alcanzaron aproximadamente USD 2.500 millones entre 2019 y 202431. Sin embargo, el volumen total de fondos no reembolsables —como lo son las subvenciones— se mantiene más alto a través del RMRP. Si bien los gobiernos donantes fueron los primeros en movilizar financiación humanitaria mediante subvenciones para satisfacer las necesidades urgentes de los venezolanos desplazados, los BMD han sido, desde entonces, quienes han asumido un rol cada vez más importante en la provisión de recursos financieros de montos considerablemente mayores.

A diferencia de los gobiernos donantes, los BMD tradicionalmente ofrecen financiamiento mediante préstamos —incluidos préstamos en condiciones favorables, con términos de repago generosos, como tasas de interés bajas y periodos de gracia prolongados— o mediante mecanismos financieros mixtos que combinan préstamos y subvenciones. Esto hace que los BMD estén mejor preparados para apoyar respuestas de desarrollo a largo plazo frente al desplazamiento, como el financiamiento de infraestructura o el fortalecimiento estructural de sistemas como los de salud y educación. Los BMD han abordado históricamente la migración como un asunto periférico, conectándola con portafolios más generales como la protección social, el trabajo o la fragilidad, y solo recientemente han empezado a desarrollar programas específicos para la migración. El Banco Mundial, por ejemplo, publicó en 2023 su primer Informe sobre el Desarrollo Mundial centrado en la migración32.

En América Latina, la actuación de los BMD en materia de migración alcanzó un punto de inflexión en 2019, cuando Colombia y Ecuador se unieron al GCFF33 y el BID lanzó su Unidad de Migración34, lo que marcó el reconocimiento de la migración como un reto estructural para el desarrollo. Durante esta fase temprana, el apoyo del GCFF a América Latina se ejerció a través de su ventana global (global window), lo que permitió a la región beneficiarse de contribuciones conjuntas de donantes que respondían a múltiples crisis. Sin embargo, desde el 2023, el GCFF se ha movido hacia un modelo más segmentado geográficamente, que ahora opera a través de seis ventanas, incluida la ‘ventana regional’ para América Latina y el Caribe35. Los países de acogida de América Latina acceden a los recursos del GCFF principalmente a través de su sobre específico, en lugar de los excedentes de los fondos globales. Al mismo tiempo, el núcleo de los donantes del GCFF, que inicialmente apoyaban a América Latina, han dirigido cada vez más nuevas contribuciones y distribuciones a la ventana del Medio Oriente y África del Norte y a la ventana de Europa Central y del Este, lo que prioriza los desplazamientos desde Afganistán y Ucrania36.

Como resultado, los préstamos en condiciones favorables disponibles para los países de América Latina han disminuido significativamente. Desde el 2023, el GCFF ha aprobado cuatro proyectos para Moldavia, cuatro para Jordania y cuatro para Armenia. Durante el mismo período, solo aprobó dos para países latinoamericanos —uno en Costa Rica y el otro en Ecuador— y ninguno para Colombia desde el 202137.

Entre 2019 y 2024, el GCFF asignó USD 134 millones en subvenciones para impulsar aproximadamente USD 1.700 millones en préstamos en condiciones favorables para Colombia, USD 50 millones en subvenciones para impulsar USD 1.500 millones para Ecuador y USD 20 millones en subvenciones para impulsar USD 370 millones para Costa Rica38. En total, el GCFF aprobó nueve proyectos en estos tres países durante este período, principalmente en conjunto con el Banco Mundial y, en algunos casos, con el BID.

Más allá de su participación en el GCFF, el BID ha distribuido financiación adicional relacionada a la migración a través de su Unidad de Migración, sus oficinas locales y otras unidades de distribución39. Entre 2020 y 2023, el BID le proporcionó a Colombia al menos USD 300 millones en préstamos y USD 36,8 millones en subvenciones40. Estos fondos han apoyado un rango amplio de iniciativas, incluyendo integración al mercado laboral, reformas políticas, esfuerzos para fortalecer la capacidad de las instituciones y de los sistemas, entre otras41. A pesar de que la presencia del BID en Ecuador empezó antes, con al menos cuatro proyectos lanzados en 2019, el total de recursos desembolsados para Ecuador ha sido significativamente menor42. Entre 2019 y 2023, el BID le proporcionó a Ecuador al menos USD 50 millones en préstamos —alrededor del 17 por ciento de la cantidad que se le prestó a Colombia— y USD 14,8 millones en subvenciones43. Estas inversiones se han centrado en mejorar servicios sociales, fortalecer los sistemas de educación, desarrollar la capacidad institucional y potenciar la empleabilidad44.

En una conferencia de donantes en 2020, el Banco Europeo de Inversiones —un donante importante en la respuesta, aunque en menor medida— anunció su plan de crear una cartera de proyectos de inversión de hasta 400 millones de euros en préstamos para abordar la migración venezolana45. Para enero de 2026, el banco había cofinanciado dos proyectos en Colombia (contribuyendo 24,2 millones de euros en total) y uno en Perú (contribuyendo 7,2 millones de euros46).

Cada vez más, el CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— está incorporando componentes de la migración dentro de sus servicios e inversiones más generales, aunque no tenga un portafolio dedicado exclusivamente a la migración47. En comparación con otros BMD, el CAF hace énfasis en su trabajo a nivel subnacional y en el financiamiento a los gobiernos locales, un rol en evolución guiado por su estrategia de movilidad humana internacional. Este marco adopta un enfoque integral y multisectorial que abarca todas las fases de la movilidad humana: emigración, inmigración, tránsito y retorno48.

C. Organizaciones intergubernamentales

Las organizaciones intergubernamentales han sido fundamentales en la respuesta al desplazamiento venezolano, particularmente a través de la plataforma R4V. Dentro de esta estructura, las OIG han actuado tanto como intermediarias de financiación como implementadoras, y pueden agruparse en las siguientes categorías generales según sus mandatos:

• Mandatos de migración y desplazamiento: como colíderes de la plataforma R4V, la OIM y el ACNUR han coordinado la respuesta humanitaria. Cada organización tiene un mandato distinto, pero complementario: la OIM se concentra en facilitar una migración ordenada y humana al ayudar a los migrantes vulnerables, mientras que el ACNUR es responsable de proteger a los refugiados y a otras personas desplazadas forzosamente. Su liderazgo compartido refleja la complejidad legal y operativa del contexto del desplazamiento venezolano. Enmarcar la crisis únicamente como una emergencia de refugiados o como un reto migratorio no logra captar su naturaleza mixta. Muchos venezolanos caen en un área legal gris: algunos cumplen con la definición de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951, mientras que otros son considerados migrantes económicos vulnerables. Estas distinciones suelen volverse borrosas en la práctica, incluso dentro de las mismas familias. Al compartir el liderazgo, la OIM y el ACNUR combinan sus fortalezas institucionales para fortalecer una respuesta más holística y coherente ante la migración mixta.
• Mandatos humanitarios más amplios: las OIG con misiones humanitarias generales también han desempeñado un rol destacado, aunque la mayoría no tiene mandatos migratorios concretos. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos —la agencia que lidera el reparto de alimentos y la asistencia nutricional en emergencias— y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han figurado entre los principales intermediarios de financiación e implementadores de proyectos. Su presencia consolidada en la región, capacidad logística y habilidades para escalar los servicios que salvan vidas, los hacen indispensables a la hora de abordar las necesidades humanitarias de los venezolanos desplazados, muchos de los cuales huyeron del hambre y entre los cuales se incluye un gran número de menores de edad.
• Mandatos para el desarrollo: A medida que la respuesta pasó de centrarse de la ayuda de emergencia a corto plazo a las necesidades de integración a largo plazo, las agencias de la ONU con mandatos de desarrollo, como la Organización Internacional del Trabajo y el PNUD, se involucraron de manera mucho más activa. Estas organizaciones han aportado un amplio conocimiento sobre la región, así como sobre los retos de desarrollo y las dinámicas del mercado laboral en los países de acogida. Su nivel de participación refleja el reconocimiento de que la migración puede contribuir al desarrollo y de que la inclusión duradera de las poblaciones desplazadas requiere vincular la respuesta humanitaria con la planeación de un desarrollo sostenible.

Estas OIG han actuado tanto como intermediarias financieras y como implementadoras de proyectos, siendo las principales receptoras de fondos del RMRP. Entre 2019 y 2024, las organizaciones internacionales recibieron un promedio de USD 1.900 millones, lo que representaba el 79 por ciento de todas las contribuciones. Aproximadamente 1.800 millones de USD (94 por ciento) provinieron de los gobiernos donantes, y 164 millones de USD provinieron de otras fuentes, principalmente a través de transferencias entre OIG, incluidos los Comités Nacionales de las Naciones Unidas y las agencias de la ONU, así como de fondos como UNICEF y la Educación No Puede Esperar49. Esto ha posicionado a las OIG como actores clave en el ecosistema de la gobernanza migratoria: han recibido la mayoría de la financiación de los gobiernos donantes, canalizando gran parte de ella hacia otras organizaciones que implementan los proyectos y, en algunos casos, implementándolos ellas mismas.

"Estas OIG han actuado tanto como intermediarias financieras y como implementadoras de proyectos, siendo las principales receptoras de fondos del RMRP."

En su rol como intermediarias, las OIG también han desembolsado el cuatro por ciento —alrededor de USD 98 millones— de todas las contribuciones del RMRP en la región entre 2019 y 202450. La mayoría de estos fondos se transfirieron a otras OIG y a organizaciones no gubernamentales (ONG). Algunas OIG con mandatos más amplios o con financiamiento flexible, como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y el Fondo Temático para la Acción Humanitaria (enfocado en el COVID-19), han dirigido contribuciones del RMRP hacia OIG con mandatos más especializados. Por ejemplo, desde 2020, estas OIG han asignado la mayor parte de la financiación a otras OIG enfocadas en las necesidades de los niños migrantes, incluida UNICEF. Sin embargo, debido a que algunas OIG posteriormente implementan proyectos a través de OSC —muchas de ellas organizaciones pequeñas—, es difícil hacerle seguimiento a cómo se distribuye finalmente la financiación.

Las reducciones de la ayuda exterior que empezaron en 2025, particularmente los recortes en la financiación de Estados Unidos, han afectado la capacidad de las OIG para financiar o implementar proyectos en la región. En marzo de 2025, la OIM anunció un recorte sin precedentes del 30 por ciento en las proyecciones de financiación proveniente de los donantes, lo que la obligó a reducir significativamente su personal y a reducir o cancelar programas51. El ACNUR también anunció que su presupuesto anual será USD 1.300 millones menos de lo que fue en 2024, forzándolo a reducir o dar por terminado algunas operaciones52.

D. Organizaciones de la sociedad civil

Las OSC han sido fundamentales en la respuesta al desplazamiento de venezolanos. Los donantes suelen recurrir a las OSC debido a su profundo conocimiento de los contextos locales y sus relaciones de confianza con las comunidades afectadas y con los líderes locales. Aunque muchas de las OSC de la región no se enfocaban inicialmente en la migración, algunas han adaptado sus operaciones para apoyar a los migrantes y refugiados venezolanos. Un ejemplo de esto es Save the Children, que tenía experiencia en abordar la violencia y el desplazamiento interno en Colombia. Como resultado, las OSC con mandatos explícitos en materia de movilidad humana entraron a la región y muchas otras, con mandatos más amplios, se involucraron en la respuesta de manera orgánica.

Entre las OSC que han participado en la respuesta a la migración venezolana se encuentran:

• Las ONG internacionales: las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro de mayor tamaño suelen operar en múltiples países y cuentan con amplia experiencia en la respuesta a crisis humanitarias a nivel mundial. Por ejemplo, World Vision International, Oxfam, el Consejo Noruego para Refugiados, Save the Children y HIAS ofrecen una amplia gama de servicios, entre ellos ayuda de emergencia, asistencia jurídica, protección, educación y apoyo para la integración. Sus relaciones de larga data con los gobiernos donantes y sus sólidos sistemas de gestión de subvenciones les han permitido movilizarse rápidamente y operar a gran escala.
• Organizaciones comunitarias: estas organizaciones sin ánimo de lucro, de menor tamaño, suelen crearse y operar a nivel local, y mantienen vínculos estrechos con los migrantes y otras comunidades vulnerables, lo que las convierte en socios cruciales para los gobiernos y las organizaciones internacionales que buscan difundir información, comunicar las necesidades de las comunidades e identificar posibles beneficiarios53. Por ejemplo, estas organizaciones ayudaron a difundir información entre las comunidades migrantes durante la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia, que otorga a los venezolanos considerados elegibles un Permiso de Protección Temporal54.
• Organizaciones religiosas: grupos como el Servicio Jesuita a Refugiados y los misioneros Escalabrinianos han apoyado a los venezolanos durante mucho tiempo en toda la región. Su presencia consolidada, su compromiso con la justicia social y sus lazos estrechos con la comunidad les han permitido ofrecer ayuda tanto espiritual como material, incluyendo alojamiento, asistencia jurídica y cuidado psicosocial.

Sin embargo, muchas de las OSC cuentan con personal reducido y capacidad limitada para gestionar subvenciones de gran tamaño, lo que les dificulta recibir o implementar fuentes de financiamiento sustanciales. Debido a que muchas también realizan labores de incidencia, como el monitoreo de políticas y la exigencia del cumplimiento de los derechos de los migrantes, sus relaciones con los gobiernos de acogida y con los donantes a veces pueden ser tensas.

La relación entre las OSC y otros actores en la respuesta migratoria ha sido multifacética. En mayor o menor medida, las OSC han operado simultáneamente como receptoras de fondos, socias implementadoras y, con menor frecuencia, como intermediarias. Sin embargo, los datos disponibles subestiman considerablemente su papel. Por ejemplo, el FTS, que alimenta al RMRP, suele captar el desembolso inicial de la financiación, pero podría no reflejar todas las transferencias posteriores a los socios implementadores. Como resultado, el verdadero alcance de la participación de las OSC no se refleja en los datos de financiación, aunque estas presten servicios en terreno con frecuencia, a menudo en nombre de las OIG o de los donantes. Aun así, las OSC siguen siendo el grupo más numeroso de organizaciones que participan en la respuesta: solo en el FTS figuran 84 OSC distintas, pero es probable que la cifra real sea mucho mayor55.

Entre 2019 y 2024, en promedio el 21 por ciento de las contribuciones pagadas al RMPRP se distribuyó entre las OSC56. Entre las OSC que recibieron de manera constante una gran parte de la financiación estuvieron el Consejo Noruego para Refugiados, Plan International y Save the Children. En comparación con las OIG, las OSC recibieron financiación de un rango más amplio de donantes e intermediarios, incluidos gobiernos donantes, OIG, otras OSC, organizaciones filantrópicas y el sector privado. Sus fuertes vínculos comunitarios, su flexibilidad operativa y su capacidad de respuesta rápida las han convertido en un socio esencial para los actores que buscan distribuir la ayuda de manera eficaz en entornos dinámicos y, a menudo, con recursos insuficientes.

"En comparación con las OIG, las OSC recibieron financiación de un rango más amplio de donantes e intermediarios, incluidos gobiernos donantes, OIG, otras OSC, organizaciones filantrópicas y el sector privado."

Las OSC reciben financiación principalmente para implementar programas y repartir ayudas, pero algunas han desempeñado el rol de intermediarias de financiación dentro del RMRP. Entre 2019 y 2024, las ONG internacionales como Save the Children, Tearfund, World Vision y el Canadian Foodgrains Bank estuvieron entre las organizaciones principales que distribuían las contribuciones del RMRP. Sin embargo, muchos de estos flujos de financiación han ocurrido dentro de la misma red institucional. Por ejemplo, las oficinas de World Vision en Canadá, Francia y Corea del Sur han canalizado fondos a World Vision Internacional57. Este patrón sugiere que una gran parte del financiamiento de las ONG circula dentro de redes organizacionales, lo que plantea dudas sobre si estos recursos son en última instancia implementados por estas organizaciones o se transfieren a otros socios implementadores.

E. El sector privado internacional, incluidas la filantropía y las fundaciones

El sector privado es altamente diverso y ha participado en la respuesta a la migración venezolana de diversas formas. Más allá del papel fundamental de los actores del sector privado en emplear directamente a migrantes, algunos —notablemente las organizaciones filantrópicas y las fundaciones—también han financiado e implementado programas de empleabilidad, emprendimiento y capacitación, y han contribuido financieramente al RMRP. Entre 2019 y 2024, el sector privado contribuyó con USD 46 millones en pagos al RMRP —aproximadamente el 1,9 por ciento de todas las contribuciones58—. Sin embargo, en comparación con otros actores del ecosistema, las donaciones del sector privado han sido más dispersas, con pocos actores que han contribuido de manera consistente a lo largo del tiempo.

Los datos del FTS muestran que los actores del sector privado son financiadores importantes, aunque su función principal (que estos datos no capturan) es emplear a trabajadores migrantes. Los principales actores internacionales del sector privado involucrados en la respuesta migratoria son los siguientes:

• Empresas y corporaciones: las empresas —muchas con sede central en países fuera de la región— han hecho contribuciones al RMRP, generalmente destinándolas a OIG y a ONG. Según los datos del FTS, compañías como GlaxoSmithKline y Airbnb han canalizado principalmente su financiación a ONG, entre ellas HIAS y Save the Children59.
• Fundaciones de las corporaciones: las corporaciones internacionales también han contribuido al RMRP a través de las fundaciones corporativas o patrocinadas por la empresa, comúnmente destinando la financiación a ONG, particularmente a aquellas que ofrecen ayuda humanitaria. Por ejemplo, según el FTS, la Fondation Chanel ha realizado contribuciones al ACNUR y, por su parte, la Fundación Lego ha financiado a Sesame Workshop, una ONG enfocada en la niñez60.
• Fundaciones privadas e independientes: las fundaciones creadas por individuos, familias o empresas también contribuyen al RMRP y, en general, han destinado su financiación a las ONG. Por ejemplo, la Ford Foundation ha hecho contribuciones al Consejo Noruego para Refugiados61. Algunas fundaciones, como Open Society Foundations, han apoyado y financiado de manera notable los programas de integración de migrantes venezolanos en la región, aunque no a través del RMRP62.
• Individuos y organizaciones privadas: según datos del FTS, algunas de las mayores contribuciones al RMPRP provienen de estos actores. Estos donantes han destinado su financiamiento principalmente a las OIG, entre ellas la OIM, el ACNUR, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. A la hora de apoyar a las ONG, estas han tendido a financiar a organizaciones enfocadas en la niñez, como Save the Children y War Child63. Debido a que estos donantes deciden mantenerse anónimos, no hay información disponible sobre sus identidades u orígenes.

4. Objetivos del financiamiento que están evolucionando

La crisis del desplazamiento venezolano ha evolucionado rápidamente de ser un desafío humanitario urgente a convertirse en una crisis de desplazamiento prolongado que requiere respuestas financieras distintas. Al principio, los países de acogida y los donantes se enfocaron en ofrecer ayuda de emergencia para los migrantes y los refugiados y en apoyar a las instituciones públicas sobresaturadas. A medida que la migración persistía y la mayoría de las personas no regresaba a Venezuela, el movimiento migratorio empezó a percibirse cada vez más como un posible motor de desarrollo económico, y no solo como un desafío humanitario. Esta transición ha sido desigual y no lineal: las partes interesadas han alternado entre la ayuda humanitaria y las estrategias de desarrollo a largo plazo en distintas etapas de la crisis, y diferentes enfoques de política pública han cobrado mayor relevancia en determinados momentos.

A. La transición de la ayuda humanitaria hacia el desarrollo a largo plazo

Los primeros años del desplazamiento venezolano contaron con un apoyo humanitario y financiero importante, lo que refleja, en parte, la expectativa de que muchos migrantes venezolanos pudieran retornar a su país o desplazarse nuevamente, por lo que no se requeriría apoyo para su integración a largo plazo64. Sin embargo, las organizaciones multilaterales, las organizaciones de la sociedad civil y los centros de pensamiento advirtieron desde el principio que era probable que el desplazamiento de venezolanos se convirtiera en una crisis prolongada. En la práctica, el énfasis inicial en la ayuda humanitaria no se debió tanto a fallas en la comprensión de las intenciones de los migrantes, sino que simplemente reflejó la forma habitual de responder a una crisis internacional, en la que la ayuda de emergencia constituye la primera línea de acción y las soluciones estructurales a largo plazo vienen después. También reflejó la cautela política de los países de acogida, que debían gestionar las percepciones de la opinión pública sobre la magnitud y la duración del desplazamiento.

Durante la preparación del marco del RMRP de 2019, se necesitó el 60 por ciento del financiamiento total para ayuda de emergencia directa y protección en toda la región. En Colombia, el 55 por ciento de la financiación se asignó a ayuda de emergencia directa, y en Ecuador, la cifra fue del 52 por ciento65. Este énfasis también se reflejó en la financiación por parte de los gobiernos donantes. Por ejemplo, en 2019, la rama de ayuda humanitaria de USAID lanzó una actividad para la estabilización de las comunidades y para proporcionar asistencia humanitaria, documentación y facilitar el acceso a atención básica de salud en las comunidades fronterizas66.

Cuando quedó claro que el desplazamiento venezolano persistiría, los gobiernos se enfocaron en la planificación y las inversiones a largo plazo, haciendo la transición de los servicios humanitarios hacia la integración y a la financiación del desarrollo a largo plazo67. Los migrantes venezolanos ofrecieron una nueva oportunidad de desarrollo: por lo general eran más jóvenes que las poblaciones nativas y se habían asentado mayoritariamente en ciudades donde podían encontrar empleo. Ampliaron la fuerza laboral y la base tributaria, y ofrecían el potencial de un dividendo o bono demográfico para países de acogida como Colombia y Ecuador.

Sin embargo, sin una planeación a largo plazo para integrar a estos recién llegados en las economías y sociedades de acogida, los donantes, los gobiernos de acogida y las OSC temían que la financiación y los servicios humanitarios pudieran continuar indefinidamente68. Colombia, por ejemplo, otorgó estatus regular a los venezolanos, lo que posteriormente incrementó el número de venezolanos que pagaban impuestos, abrían cuentas de ahorro, contribuían al sistema de salud y creaban empleo en Bogotá. Entre 2019 y 2022, los migrantes generaron el 11 por ciento de todo el empleo en la ciudad69.

Los donantes también avanzaron hacia el desarrollo a largo plazo. USAID, por ejemplo, estableció un portafolio de desarrollo en 2019 tras ver que los datos indicaban que los venezolanos tenían la intención de permanecer en Colombia70. Desde 2022 y por lo menos hasta 2024, el proyecto de USAID Oportunidades sin Fronteras se enfocó en ampliarles a los venezolanos el acceso al empleo formal y al capital, al tiempo que fortalecía el emprendimiento71. Para el 2023, otras agencias de desarrollo, como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la GIZ, habían empezado a financiar proyectos de desarrollo relacionados con la migración e incorporar indicadores de movilidad humana a sus portafolios. En ese tiempo, la AFD declaró que aún no había determinado si la migración se convertiría en una prioridad en su estrategia regional para América Latina, pero que planeaba adoptar un enfoque más transversal en sus futuros préstamos72. Por ejemplo, su mandato de 2020-2024 para el crecimiento ambiental e inclusivo en América Latina, buscaba incluir a beneficiarios migrantes en los proyectos de alojamiento y transporte73. La GIZ también trabajó activamente en la cuestión de la movilidad humana durante este período74. Cuando el municipio de Mira, en Ecuador, solicitó a la GIZ financiación para su estrategia de turismo destinada a reactivar su economía tras la pandemia, la GIZ exigió que el plan fuera inclusivo. Además de la financiación y la asistencia técnica, la GIZ capacitó a migrantes y les proporcionó capital inicial para trabajar en el sector turístico de Mira75.

Los BMD fueron particularmente influyentes a la hora de reorientar el enfoque hacia una planeación a largo plazo y de promover una narrativa positiva sobre la migración como una oportunidad económica y de desarrollo para los países de acogida. El Banco Mundial ha argumentado que las políticas que apoyan la integración a largo plazo de los migrantes pueden generar beneficios económicos y sociales para los países de acogida76, y por ello hizo la transición hacia una política de préstamos para el desarrollo a largo plazo cuando se hizo evidente que los migrantes permanecerían en los países de acogida. En 2019, el GCFF le aprobó a Colombia el primer préstamo de este tipo, con el fin de apoyar la sostenibilidad fiscal, promover la productividad y el crecimiento, y respaldar la regularización e integración de los migrantes, con el Banco Mundial como agencia de apoyo para su implementación77. En 2023, a través de su documento insignia, el Informe sobre el Desarrollo Mundial, el Banco Mundial formalizó su punto de vista sobre la migración y el desplazamiento al presentar ambas cuestiones como desafíos y oportunidades para el desarrollo78. Los actores privados, como Hispanics in Philanthropy, también acogieron esta perspectiva. Incluso cuando están financiando principalmente la ayuda humanitaria, estos han abogado por que se vea la migración como una oportunidad para los países, las sociedades y las personas y no solo como una crisis79.

B. Obstáculos para la planeación a largo plazo

La transición de la ayuda humanitaria hacia el desarrollo a largo plazo ha sido difícil tanto para los donantes como para los receptores por diversas razones logísticas, financieras, burocráticas, geográficas y políticas. La ayuda humanitaria suele producir resultados más rápidos y tangibles, tales como cuantificar el número de migrantes que reciben asistencia alimentaria. En contraste, los programas de desarrollo pueden ser más riesgosos y las inversiones a largo plazo tardan más en obtener resultados medibles y sostenibles, además de requerir un proceso más riguroso de monitoreo y evaluación80. Esta diferencia en los enfoques, incentivos y resultados ha hecho que la transición resulte difícil de navegar. Entre los obstáculos están:

• Resurgimiento de las ayudas humanitarias durante la pandemia del COVID-19. La pandemia generó una crisis humanitaria que obligó a los donantes a atender necesidades básicas —como la salud, la nutrición y el alojamiento— y a ralentizar el impulso que había en torno al desarrollo y la integración a largo plazo81. En 2020, dentro de las líneas presupuestales del RMRP se encontraron explícitamente las ayudas para enfrentar la crisis del COVID-1982, y los donantes se enfocaron más en las necesidades inmediatas de los migrantes y menos en el desarrollo a largo plazo. En Colombia, el Banco Mundial financió transferencias de dinero con diversos fines para venezolanos en situación de vulnerabilidad y para otros hogares, mientras que el BID financió el acceso a materiales educativos preventivos sobre el COVID-19 en ciudades fronterizas83. USAID también adaptó sus actividades de estabilización de las comunidades para abordar la crisis de salud pública y, por tanto, asignó financiación a esta actividad84.
• Diversidad geográfica de las necesidades humanitarias y de desarrollo. Los impactos del desplazamiento venezolano han variado con el paso del tiempo y han sido diversos entre países y localidades, lo que ha hecho poco práctico para los donantes llevar a cabo de manera simultánea una transición hacia la ayuda para el desarrollo en toda la región. Por ejemplo, Colombia pasó de ser principalmente un país de tránsito a un país de acogida mucho más rápido que Ecuador y, por tanto, comenzó antes sus políticas de regularización para los venezolanos85. Como consecuencia, el Banco Mundial continuó financiando la prestación de servicios y la regularización en Ecuador, mientras comenzaba a financiar la integración a largo plazo en Colombia86. El mismo patrón se repitió a nivel subnacional, donde las ciudades y los municipios diferían en sus capacidades institucionales, así como en las poblaciones migrantes que recibían. Las ciudades capitales, como Bogotá y Quito, se convirtieron principalmente en ciudades de acogida, mientras que ciudades fronterizas, como Cúcuta, seguían dependiendo del apoyo de los donantes para proporcionar servicios humanitarios a los migrantes fronterizos y transfronterizos87. Estas diferencias muestran cómo, incluso cuando los donantes empezaron a dirigir grandes inversiones hacia la integración a largo plazo, algunas áreas seguían necesitando de ayuda humanitaria e infraestructura, y el mantenimiento de una capacidad de este tipo, da lugar a una transición que no es del todo uniforme entre distintos lugares88.
• Burocracias rígidas y mandatos organizacionales. Los donantes y las organizaciones implementadoras, como las agencias de la ONU, suelen tener dinámicas internas, mandatos y fuentes de financiación rígidas, lo cual puede dificultar la transición hacia el apoyo al desarrollo. Por ejemplo, las estructuras burocráticas pueden limitar qué parte del portafolio de la organización se destina a la migración, o si la financiación se destina al desarrollo o a la ayuda humanitaria89. Algunos actores implementadores con mandatos de desarrollo también tardaron en abordar la migración. El PNUD, por ejemplo, trabajó solo de manera tangencial en el tema migratorio en la región e incluyó indicadores de movilidad humana en su plan estratégico por primera vez en 202290.
• Fuentes de financiación fragmentadas y silos sectoriales. Algunos gobiernos donantes podrían tener equipos humanitarios activos en el terreno, pero sus departamentos de desarrollo tienden a tardarse más en su respuesta. Las OSC, aunque son eficaces en distribuir ayuda humanitaria, como la asistencia alimentaria, suelen carecer de la capacidad necesaria para dar un giro hacia programas de desarrollo, como las capacitaciones en empleabilidad. Hay retos similares que existen entre los BMD, donde la migración no es una consideración general en sus programas y portafolios. En el BID, la Unidad de Migración opera de manera transversal entre sectores y debe formar alianzas y persuadir a actores de otros sectores para que integren las cuestiones migratorias en su trabajo, aunque estos podrían no priorizarlo necesariamente. Hasta el 2025, el Banco Mundial dividió la responsabilidad de los asuntos migratorios entre la práctica de protección social, que se enfoca en la integración al mercado laboral y su unidad de inclusión social. Esta división creó enfoques paralelos y fragmentados que podrían complicar la coordinación entre los gobiernos de acogida y el banco. El banco ha desde entonces consolidado este trabajo solamente bajo su unidad de política social, un cambio que tiene como intención fortalecer la coordinación con sus homólogos gubernamentales91.
• Rigidez política e institucional en los países de acogida. A nivel nacional, las políticas migratorias generalmente son competencia de los ministerios de relaciones exteriores o interior, mientras que los ministerios de planeación, trabajo o economía se involucran con la gobernanza migratoria de manera más marginal. Esta división dificulta a los gobiernos la integración de las políticas migratorias en las planeaciones de desarrollo de manera más amplia. Los gobiernos también suelen no contar con los datos, las herramientas institucionales y las plataformas intersectoriales que necesitan para facilitar esas conexiones. La sociedad civil y las instituciones académicas podrían ayudar a integrar las consideraciones migratorias en la planeación al desarrollo, pero estas también suelen abordar la migración desde el punto de vista de la protección inmediata.
• Continuidad y cambios políticos. La inestabilidad política en América Latina, incluidos los cambios frecuentes en los gobiernos y la agitación social, puede complicar la financiación y la planeación a largo plazo92. Por ejemplo, los BMD ofrecen préstamos a largo plazo, con plazos de implementación multianuales, que requieren una colaboración constante con los gobiernos receptores durante la ejecución y la amortización. Por lo tanto, la rotación frecuente de funcionarios gubernamentales clave puede dificultar la obtención de financiación para la migración y el desarrollo. En muchos casos, las nuevas administraciones abandonaron los esfuerzos previos y lanzaron, en paralelo, otras iniciativas, lo que frustró a los donantes y socavó la confianza en la gestión local. Los cambios en el liderazgo y en el personal también supusieron retos para los gobiernos donantes, ya que sus agencias a menudo debían reconstruir las alianzas y retomar el contacto con sus nuevos homólogos gubernamentales93.

La difícil transición hacia los enfoques de desarrollo generó, en ocasiones, un desajuste entre las capacidades de los donantes y las necesidades de los gobiernos de acogida. Antes de la conferencia de donantes de 2022, el gobierno colombiano declaró que necesitaba financiación para la integración socioeconómica de los migrantes, en particular en materia de empleabilidad y de programas de emprendimiento94. A pesar de estas reiteradas peticiones, los donantes continuaron destinando una gran parte de su financiación a la ayuda humanitaria95.

"La difícil transición hacia los enfoques de desarrollo generó, en ocasiones, un desajuste entre las capacidades de los donantes y las necesidades de los gobiernos de acogida."

Dado que los enfoques de desarrollo en relación con el desplazamiento venezolano no han sido enteramente implementados, la integración consistente de migrantes sigue siendo difícil y los recortes en financiación han supuestos amenazas existenciales. Aunque inicialmente existía la esperanza de que los recortes de financiamiento de Estados Unidos impulsaran a los donantes europeos a aumentar sus contribuciones humanitarias —y algunos, como Noruega lo hicieron—, esa ayuda cortoplacista para salvar vidas, terminó por poner en riesgo los recursos de la programación de desarrollo a largo plazo96. De hecho, otros países europeos redujeron su propia ayuda extranjera y su gasto en desarrollo (como se discutió en la Sección 3.A.). Sin enfoques de desarrollo sostenible, los países de acogida continuarán dependiendo de la financiación de los donantes para satisfacer las necesidades básicas, a pesar de que dicha financiación se ha vuelto menos fiable.

De cara al futuro, las respuestas de financiación deberían procurar tener en cuenta la naturaleza cambiante de los flujos migratorios. Aunque muchos venezolanos se asientan y se integran en los países de acogida de toda América Latina, otros continuarán transitando por el hemisferio. Además, dado que el Gobierno de Estados Unidos ha intensificado las operaciones de control para cumplir sus metas de deportación, los países de la región se han visto obligados a acoger a migrantes venezolanos —y de otros países— que anteriormente se habían establecido en Estados Unidos. Estas dinámicas superpuestas exigen enfoques de financiación flexibles y escalonados, que respondan a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, que apoyen el desarrollo a largo plazo, la reintegración y la cooperación regional.

5. Alianzas cambiantes

A medida que países de acogida como Colombia y Ecuador han ido avanzando en sus agendas de integración y desarrollo, han surgido nuevos actores como socios cruciales para los donantes internacionales y las agencias de desarrollo. Los gobiernos locales han contribuido a agilizar los esfuerzos al sortear los cuellos de botella burocráticos nacionales, lo que ha dado lugar nuevas fuentes de financiación y programación.

Al mismo tiempo, los actores privados, incluidas las empresas locales y las organizaciones filantrópicas, han asumido un rol cada vez mayor, integrando cada vez más los objetivos de desarrollo en sus modelos de negocio y en sacar provecho de una financiación innovadora para apoyar las iniciativas de desarrollo e integración. Su creciente involucramiento refleja un cambio general en la forma en que los actores abordan los retos de la migración y la integración.

Para complementar el mapeo del ecosistema de financiación basado en datos, entrevistas a profundidad con actores en Colombia y Ecuador ayudaron a los investigadores del MPI a examinar tendencias que no se reflejan en los datos, pero que han dado forma a la financiación y a la implementación de la respuesta a la crisis venezolana. Colombia y Ecuador fueron seleccionados porque ambos son de los principales países de acogida de migrantes venezolanos, han implementado programas de regularización y, posteriormente, se han enfocado en la integración.

A. La creciente localización de la ayuda exterior

El creciente énfasis por parte de Colombia y Ecuador en la integración y el desarrollo ha creado nuevas oportunidades para que las agencias de desarrollo de los gobiernos donantes y los BMD trabajen con los gobiernos locales. Aunque ambos países tienen un modelo político altamente centralizado y la migración sigue siendo competencia exclusiva de las autoridades nacionales, sin que se prevea una descentralización formal de la agenda migratoria, los gobiernos subnacionales se han vuelto fundamentales en la implementación de las políticas. Los gobiernos nacionales determinan el estatus legal mediante políticas como los programas de regularización de Colombia y la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador, pero la integración ocurre en la práctica en las ciudades y los municipios. En este contexto, los gobiernos locales han tenido que dar un paso al frente, no por un mandato formal, sino porque debían responder a las necesidades locales97.

El papel creciente de los gobiernos locales en el liderazgo de la migración forma parte de una tendencia global más amplia de ‘diplomacia de ciudades’, en la que los gobiernos locales aprovechan la colaboración internacional para acceder a recursos, asegurar la financiación de los donantes e intercambiar buenas prácticas a través de redes de ciudades y de colaboraciones bilaterales98. Los donantes internacionales y sus socios se han beneficiado de estas alianzas por las siguientes razones:

• La proximidad al terreno puede generar soluciones más eficientes. Los gobiernos locales deben responder a la presión cotidiana de sus ciudadanos, lo que a menudo los incentiva a identificar e implementar soluciones con rapidez. Por esta razón, algunas agencias de desarrollo han encontrado que trabajar con los gobiernos locales resulta más rápido, más eficiente y menos engorroso que hacerlo con los gobiernos nacionales99. En Colombia y Ecuador, la institución nacional de migración forma parte de los ministerios de asuntos exteriores, lo que puede dificultar la colaboración en proyectos locales. Por ejemplo, un representante de la agencia de desarrollo ecuatoriana Corporación de Promoción Económica ConQuito (ConQuito), afiliada a la municipalidad de Quito, señaló que los cuellos de botella burocráticos pueden ralentizar las revisiones interministeriales, la comunicación y la coordinación una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores del país recibe información sobre una posible financiación de un donante, lo que en ocasiones se traduce en la pérdida de oportunidades100. Para evitar estos retrasos y reducir el riesgo de perder ventanas de financiación, ConQuito ha involucrado al Municipio de Quito en los procesos de solicitud de financiación.
• Ampliar la presencia geográfica puede diversificar el riesgo. Aunque los gobiernos locales operan bajo normativas nacionales, difieren significativamente en su apertura y disposición hacia las alianzas y las intervenciones de integración de migrantes, lo que le brinda a los donantes internacionales y a las organizaciones enfocadas en la migración la oportunidad de trabajar con una gama más amplia de socios dispuestos a colaborar. En Ecuador, la AFD y la GIZ encontraron que no todos los gobiernos locales quieren trabajar en temas migratorios, pero algunos han dado la bienvenida a posibles alianzas101. Según la GIZ, trabajar con una variedad de gobiernos locales puede permitir a las agencias de desarrollo diversificar el riesgo. Del mismo modo, el apoyo del gobierno local permitió a USAID lanzar iniciativas como los 11 centros “Intégrate” —centros de servicios de integración integral— en nueve ciudades colombianas, que se convirtieron en una iniciativa emblemática a nivel nacional de integración102.
• Los actores locales pueden obtener resultados más inmediatos y tangibles. Las iniciativas implementadas a nivel local son de menor escala, lo que puede traducirse en un impacto más rápido y visible103. Esto es especialmente cierto cuando los donantes trabajan con gobiernos locales de confianza o con OSC con vínculos duraderos con sus comunidades, capaces de lanzar programas con mayor rapidez e implementarlos con mayor fluidez104. Un ejemplo de esto se ve en la forma en que la GIZ proporcionó asistencia técnica a los gobiernos municipales descentralizados de Ecuador para redactar ordenanzas locales que protejan los derechos de los migrantes. Apoyar estos procesos a nivel local resultó más fácil que apoyar cambios en la legislación nacional, como una nueva ley nacional de movilidad humana105.

De todas maneras, interactuar directamente con organizaciones internacionales e instituciones de financiación es algo nuevo para muchas ciudades pequeñas y medianas. Muchas carecen de la capacidad institucional, la experticia técnica o el personal necesarios para gestionar estas alianzas. En respuesta a ello, la Unidad de Migración del BID empezó a fortalecer la capacidad de los gobiernos subnacionales para participar en la cooperación internacional. Mediante alianzas específicas, el banco ha buscado desarrollar la capacidad de los gobiernos locales para gestionar de manera independiente proyectos financiados por donantes. En junio de 2025, el BID lanzó su iniciativa “BID para Ciudades y Regiones”, un programa piloto de cinco años que les brinda a los gobiernos locales acceso directo a préstamos y garantías por hasta USD 1.000 millones106.

A pesar de estos avances prometedores, los gobiernos locales siguen enfrentando limitaciones de mandato y de financiación, derivadas de la estructura de la gobernanza centralizada. También se enfrentan a presiones diversas que van desde cambios económicos y demográficos hasta necesidades humanitarias, y deben implementar estrategias de integración que reflejen las realidades locales. Sin embargo, los gobiernos locales pueden adaptar los mecanismos de política pública ya existentes para incorporar un componente migratorio107. Quito, por ejemplo, ha desarrollado un enfoque sofisticado de oferta y demanda para la interacción con los donantes, que hace coincidir las prioridades de financiación con las prioridades municipales. Las autoridades municipales examinan de manera sistemática los flujos de financiación y las prioridades temáticas de los bancos y de los países donantes, consultan con las secretarías municipales para incorporar las prioridades en las áreas estratégicas de trabajo y, luego, diseñan propuestas alineadas con los intereses de los donantes. La Dirección Metropolitana de Cooperación y Asuntos Internacionales de Quito facilitó este enfoque, lo que demuestra cómo las instituciones locales pueden fortalecer la movilización de recursos108.

B. Aparición de modelos de financiación innovadores y alianzas estratégicas

Antes de los recortes en ayuda extranjera por parte de EE. UU. en el 2025, las instituciones y organizaciones enfocadas en la migración en América Latina y el Caribe ya habían identificado como prioridad la obtención de fuentes de financiación innovadoras. Dado que los principales países de acogida de la región no son elegibles para la mayor parte de la financiación en condiciones favorables y con frecuencia reciben menor prioridad en la distribución de recursos para la ayuda humanitaria, los donantes y las agencias de desarrollo han buscado consolidar alianzas con actores no tradicionales en la gestión de la migración, incluidos la comunidad filantrópica y el sector privado. En Colombia y Ecuador, el sector privado local ha ampliado su rol más allá de la responsabilidad social corporativa y del otorgamiento de subvenciones caritativas, para convertirse en un actor activo en la respuesta al desplazamiento venezolano.

Las instituciones filantrópicas latinoamericanas tienen estructuras organizacionales y prácticas de concesión de subvenciones distintas de las de sus contrapartes en países de renta alta109. Mientras que las organizaciones filantrópicas extranjeras suelen financiar organizaciones que implementan programas, las fundaciones latinoamericanas —principalmente fundaciones corporativas y familiares— por lo general diseñan, financian e implementan sus propios programas desde una perspectiva de inversión social privada110. Las fundaciones corporativas y familiares colombianas y ecuatorianas se enfocan en asuntos sociales y económicos específicos de las comunidades locales111. Si bien originalmente no diseñan programas de inclusión de migrantes, muchas fundaciones han ampliado los criterios de elegibilidad para beneficiar a los venezolanos. Como resultado, un panorama diverso de iniciativas humanitarias y de desarrollo, locales y de pequeña escala, contribuye actualmente a la integración de inmigrantes en las ciudades de Colombia y Ecuador.

En Colombia, las fundaciones han adoptado enfoques innovadores para la movilización de recursos. La Fundación Carvajal usa un modelo multiplicador de fuerzas que aprovecha sus dividendos para atraer financiación adicional: por cada peso colombiano que recibe, la fundación busca cuatro pesos de contribuciones externas. Para 2024, la Fundación Carvajal se había convertido en un socio local del programa de USAID “Juntos Aprendemos”, implementando iniciativas educativas sobre la integración para migrantes en condición vulnerable y para miembros de las comunidades de acogida112. En contraste, la Fundación WWB depende de una estrategia de ingresos diversificados como base para sus inversiones estratégicas y para su portafolio de impacto social113. Su inversión más grande, el Banco W, el cual la fundación es dueña del 86 por ciento de las acciones, ofrece una fuente sostenible de ingresos a largo plazo. Hasta 2024, la Fundación WWB se había asociado con el programa Oportunidades sin Fronteras de USAID para ampliar sus programas de formación en emprendimiento y educación financiera dirigidos a mujeres venezolanas remitidas por dicho programa, manteniendo al mismo tiempo su independencia financiera114.

"Un panorama diverso de iniciativas humanitarias y de desarrollo, locales y de pequeña escala, contribuye actualmente a la integración de inmigrantes en las ciudades de Colombia y Ecuador."

El BID también ha utilizado mecanismos de financiación creativos por medio de su Fondo Multilateral de Inversiones, un laboratorio de políticas de innovación que involucra al sector privado115. Para apoyar la integración de los migrantes venezolanos, el BID ha otorgado subvenciones de cooperación técnica no reembolsables, complementadas con contribuciones de los beneficiarios116. Por ejemplo, la Fundación One Earth Future utilizó recursos propios (45 por ciento) y fondos del BID (55 por ciento) para poner en marcha un programa de emprendimiento basado en la producción de cultivos comerciales para venezolanos y residentes locales en situación de vulnerabilidad en Colombia117. En Ecuador, el BID otorgó una subvención de cooperación técnica a la Fundación Reinas Pepiadas para ampliar su proyecto de integración socioeconómica de mujeres venezolanas y para cofinanciar, junto con la Fundación CRISFE, un proyecto orientado a desarrollar modelos innovadores para la educación y la integración laboral de los migrantes y de las comunidades de acogida118.

Otros actores se han centrado en construir redes y enfoques estratégicos para fortalecer el ecosistema. La Alianza para el Emprendimiento e Innovación, con sede en Ecuador, actúa como facilitadora de redes al poner en contacto a donantes, aceleradoras y entidades de desarrollo para apoyar la estrategia de emprendimiento e innovación de Ecuador para 2030119. La alianza ha ayudado a los socios locales a obtener grandes subvenciones, como una de USD 3 millones de USAID, al movilizar a posibles socios de proyectos y otros actores interesados para que aporten financiación de contrapartida120. Por ejemplo, la alianza ayudó a desarrollar el proyecto de la Fundación CRISFE, apoyado por el BID, “Sin Fronteras: Innovaciones para la Inclusión de Migrantes”121. Esta estrategia ha apoyado la integración de inmigrantes en Ecuador al conectar a los emprendedores venezolanos con una amplia red de emprendedores locales y de posibles clientes.

Los modelos locales de alianzas público-privadas también han ayudado a alinear los objetivos públicos y privados y a ampliar la financiación destinada a la integración migrante. ConQuito, por ejemplo, apoya el emprendimiento de la ciudad y los objetivos de desarrollo económico. Cuando surgen oportunidades de financiación internacional relacionadas con la migración o el emprendimiento, la municipalidad las remite a ConQuito para que esta redacte las propuestas de financiación. Según la agencia, esta articulación público-privada, particularmente a nivel local, hace que asegurar la financiación resulte más eficiente122.

El interés y el papel cada vez mayor del sector privado, representan un cambio prometedor hacia enfoques escalables, transferibles y sistemáticos para la inclusión económica y la integración migrante. En 2023, la Fundación Carvajal estaba replicando su programa de empleabilidad en otras ciudades de Colombia y en el extranjero, mientras que la Fundación WWB compartía con otras organizaciones el conocimiento adquirido a través de sus iniciativas de formación en emprendimiento y educación financiera123. Sin embargo, los esfuerzos fragmentados, la coordinación limitada y la competencia por subvenciones internacionales entre las organizaciones implementadoras han limitado el potencial de algunos de estos enfoques124. Una mayor colaboración y el intercambio de conocimientos podrían mejorar el impacto y la eficiencia de las iniciativas de desarrollo, así como garantizar su complementariedad.

6. Mirando hacia el futuro: crear una respuesta a la migración más ágil y sostenible

Al inicio de la crisis de desplazamiento venezolano, la escala sin precedentes de la emergencia humanitaria llevó a muchos actores internacionales a involucrarse rápidamente en los esfuerzos de respuesta en Colombia, Ecuador y otros países afectados. Muchos se sumaron a la respuesta migratoria regional sin definir claramente sus roles o sus ventajas comparativas, lo que dio lugar a esfuerzos y recursos mal encauzados. Este enfoque reactivo ocasionó y sigue ocasionando superposiciones y duplicidades entre las áreas de enfoque, las actividades y los programas.

A medida que la crisis del desplazamiento venezolano entra en una nueva fase, en medio del repliegue de la ayuda exterior de Estados Unidos y de presupuestos en otros de los principales países donantes, existe una necesidad urgente de mecanismos de financiación más estratégicos, eficientes, rentables y sostenibles. La necesidad de reforzar la coordinación también es particularmente urgente, dado que R4V, el principal marco de coordinación de la respuesta internacional, está operando en condiciones de recursos cada vez más limitados: hasta septiembre de 2026, solo se había cubierto el 16 por ciento de las necesidades de financiamiento del RMRP para 2026125. Esta coyuntura presenta una oportunidad para esclarecer los roles, reducir la fragmentación y la duplicación y ampliar la escala de los mecanismos de financiación innovadores. Para lograrlo, los actores del ecosistema de financiación deberían considerar las siguientes prioridades generales:

Esclarecer los roles y reforzar la coordinación

• Aprovechar las fortalezas de las partes interesadas. A medida que los donantes reevalúan su papel en la respuesta migratoria y definen sus áreas de enfoque, tienen la oportunidad de mejorar la coordinación, fortalecer la complementariedad y reducir la duplicación. Mientras las organizaciones consolidan sus mandatos, deberían enfocarse en sus fortalezas principales, sus áreas de especialización y las contribuciones que pueden hacer de manera más efectiva. Por ejemplo, los actores humanitarios y de desarrollo deberían reconocer que sus roles se refuerzan mutuamente y, en ese sentido, colaborar para garantizar que sus carteras de trabajo se complementen entre sí. Las plataformas regionales, como el Proceso de Quito, la Conferencia Regional sobre Migración y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, ofrecen oportunidades para alinear estos roles y fortalecer la coordinación.
• Fortalecer la apropiación por parte de los gobiernos de los países de acogida. Estos gobiernos nacionales son fundamentales para coordinar la respuesta migratoria, movilizar recursos y alinear las prioridades políticas. Aunque los donantes contribuyen de manera considerable a la respuesta migratoria, los gobiernos tienen la autoridad y la capacidad exclusivas para convocar a los actores relevantes y coordinar los esfuerzos en los territorios. Para que los donantes puedan apoyar eficazmente a los gobiernos de los países de acogida, estos últimos necesitan políticas migratorias consistentes. Los cambios frecuentes en las políticas migratorias y en las contrapartes gubernamentales pueden socavar la confianza de los donantes y obstaculizar la financiación de proyectos. Los países con políticas migratorias claras, marcos institucionales estables y contrapartes gubernamentales confiables están mejor posicionados para liderar las respuestas migratorias y atraer financiación internacional. Los gobiernos nacionales también deberían coordinarse con las autoridades locales, cuyas capacidades y mandatos son fundamentales para implementar los recursos de manera efectiva.
• Integrar la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo. La ayuda humanitaria y la ayuda para el desarrollo deberían concebirse como complementarias y entrelazadas, en lugar de secuenciales. Aunque el financiamiento para el desarrollo suele llegar después de la asistencia humanitaria, las diversas necesidades financieras, logísticas y de capacidad, tanto entre países como dentro de ellos, junto con los perfiles variables de las poblaciones migrantes, indican que algunas zonas seguirán necesitando infraestructura humanitaria incluso mientras otras avanzan hacia un enfoque de desarrollo. Desmantelar esa infraestructura puede socavar la capacidad de los países para responder a futuras crisis. Al alinear los esfuerzos humanitarios y de desarrollo, los países pueden fortalecer la resiliencia y la capacidad a largo plazo, y prepararse mejor para las crisis futuras. Asimismo, los programas de integración, como los que apoyan el emprendimiento de los migrantes, pueden ser más exitosos cuando se combinan con ayuda humanitaria, incluyendo transporte, alojamiento y cuidado infantil. En última instancia, los países van a necesitar equilibrar las necesidades humanitarias urgentes con los objetivos de desarrollo a largo plazo.
• Empoderar a los actores locales. Los gobiernos locales y las OSC se han convertido en socios clave para los donantes internacionales y, en algunos casos, para los BMD. Apoyar a estos actores de manera más sistemática puede propiciar programas mejor adaptados y más eficaces. Sin embargo, los actores locales suelen carecer de la capacidad para trabajar directamente con las entidades de financiación internacionales. La capacitación, las iniciativas de desarrollo de capacidades y un mejor acceso a recursos financieros pueden maximizar su capacidad para lograrlo. Por ejemplo, dotar a los actores locales de mejores herramientas para gestionar subvenciones e involucrarse con los donantes internacionales podría aumentar su impacto.

Expandir y diversificar los mecanismos de financiación

• Alinear la migración con las prioridades nacionales de desarrollo. A medida que la región sigue desarrollando enfoques a largo plazo, los países podrían vincular las estrategias de migración de manera más sistemática con los objetivos nacionales de desarrollo para atraer flujos de financiación más diversos. Para aprovechar estas oportunidades, los países de acogida necesitan identificar a los posibles donantes y adaptar las propuestas a las prioridades de estos. Por ejemplo, si un donante se centra en la educación o en el desarrollo urbano, los países pueden incorporar indicadores de migración en proyectos que se alineen con esas prioridades, lo que abriría nuevas fuentes de financiación. Dado que las prioridades de los donantes cambian con el tiempo, diversificar las fuentes de financiación puede ayudar a los gobiernos de los países de acogida a garantizar una base financiera más estable.
• Ampliar la escala de los modelos existentes de integración liderados por el sector privado. Antes de la crisis de desplazamiento venezolano, varias fundaciones privadas respaldaron programas de integración para poblaciones locales en situación de vulnerabilidad. Muchas desde entonces han ampliado estos programas para incluir migrantes, pero estas suelen operar aisladamente y no son enmarcadas como esfuerzos de integración migratoria. Hacer un mapeo de los programas existentes y promover el intercambio de conocimientos puede ayudar a identificar modelos exitosos para presentarlos a los posibles donantes. En lugar de crear continuamente nuevos programas, los actores pueden construir alianzas para ampliar la escala de los modelos que han probado ser exitosos a la hora de satisfacer las necesidades de los individuos desplazados y de otros miembros en condición vulnerable de las comunidades de acogida.
• Invertir en modelos de financiación. La creciente participación de donantes no tradicionales, incluidos el sector privado y las organizaciones filantrópicas, crea oportunidades para explorar modelos de financiación innovadores y ampliar la base de donantes, lo que reduce la dependencia de los donantes tradicionales. Alinear los objetivos públicos y privados puede generar una alianza de beneficio mutuo que usen los recursos de manera más eficiente y respalden iniciativas sostenibles de integración migrante. Coordinar estos esfuerzos desde el principio puede ayudar a establecer una visión compartida entre todos los actores involucrados.

Replantear la movilidad humana como motor del desarrollo en vez de como una emergencia recurrente, es una apuesta estratégica que la región no puede permitirse dejar pasar. Que esta apuesta dé resultado dependerá de varios factores, entre ellos si los gobiernos locales logran convertir nuevos instrumentos, como el programa BID para Ciudades y Regiones, en acceso real a capital; si los modelos de financiamiento combinado y de contrapartida pueden ayudar a que los proyectos superen la fase piloto; y si los gobiernos de América Latina y el Caribe logran desarrollar la continuidad de políticas que los donantes han señalado durante mucho tiempo que necesitan. Aunque las estrategias descritas anteriormente no restablecerán la financiación al nivel alcanzado en el punto álgido de la crisis de Venezuela, estas ofrecen la vía más clara hacia una respuesta más austera, pero también más sostenible.

"Aunque las estrategias descritas anteriormente no restablecerán la financiación al nivel alcanzado en el punto álgido de la crisis de Venezuela, estas ofrecen la vía más clara hacia una respuesta más austera, pero también más sostenible."

Apéndice. Fuentes de los datos y la metodología del estudio

A pesar de los nuevos esfuerzos por coordinar las respuestas a la emergencia, hacer visibles para el público los flujos de fondos y centralizar la información, no existe una lista única de acuerdos de financiación y proyectos que responden a la crisis del desplazamiento venezolano. Por lo tanto, el análisis de este estudio de las interacciones entre donantes, intermediarios e implementadores en los países y con el paso del tiempo, se basa en una combinación de fuentes de datos y metodologías.

El Servicio de Seguimiento Financiero (FTS) de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) es una base de datos en línea exhaustiva dedicada a monitorear y a hacer seguimiento de la financiación humanitaria en los distintos países. Desde 2019, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) ha realizado un seguimiento de los compromisos de los donantes y de las contribuciones abonadas al Plan Regional de Respuesta para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP) a través de la base de datos del FTS. El FTS reúne datos de varios contribuidores —donantes y destinatarios— incluidos los gobiernos, la Unión Europea, la Dirección de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, el Sistema Europeo de Información sobre la Respuesta a las Emergencias y los Desastres, agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia y fondos mancomunados por país, entidades del sector privado, organizaciones caritativas y fundaciones que voluntariamente reportaron sus contribuciones. Un equipo especializado de expertos revisa los datos para garantizar su precisión y fiabilidad. Este proceso implica resolver discrepancias, eliminar el doble conteo y realizar otras actividades esenciales de curación de datos. Debido a la naturaleza dinámica de la financiación humanitaria, los números del FTS pueden cambiar con frecuencia; las actualizaciones pueden ocurrir diariamente, dependiendo del volumen y de la duración del proceso de curación de datos.

Los bancos de desarrollo multilateral hacen seguimiento y comparten públicamente todas las transacciones, incluyendo las fuentes de financiación, una descripción detallada de los proyectos financiados, las entidades receptoras y la cantidad de fondos clasificados como reembolsables o no reembolsables. Por lo tanto, mientras que el FTS puede mostrar cómo los donantes y los contribuidores interactúan y puede hacerles seguimiento a los flujos de financiación para el RMRP, las bases de datos bancarias permiten revisar los flujos de financiación directa entre bancos y países de acogida.

Para el análisis de los datos del FTS realizado en el marco de este estudio, se descargaron del FTS los conjuntos de datos anuales correspondientes al período 2019-2024 —los más recientes disponibles cuando se inició el análisis de los datos, en marzo de 2025—, aplicando filtros para incluir únicamente las contribuciones recibidas y aquellas registradas como pagadas. Estos conjuntos de datos anuales se combinaron utilizando el software estadístico R y todas las entradas incompletas —flujos a los que les faltan actores de origen o de destino— fueron descartadas. Estos flujos, para los cuales solo se disponía de datos incompletos, ascendieron a un total de USD 2.500.346.599, en comparación con los flujos por un total de USD 2.486.275.329 para los cuales se disponía de datos completos. Una vez combinados los conjuntos de datos anuales, el conjunto de datos consolidado incluía un total de 158 actores de origen únicos, 82 actores de destino únicos y 210 actores únicos en total, considerando ambas categorías.

Para facilitar el análisis, los actores de origen y de destino se clasificaron en una de las cinco categorías siguientes: gobiernos nacionales, bancos multilaterales de desarrollo, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y actores privados.

Los gobiernos nacionales y los actores vinculados a la Unión Europea (UE) fueron incluidos en la categoría de gobiernos nacionales. Además, algunas entidades se consideraron actores independientes en el conteo inicial, pero en el análisis posterior se agruparon bajo el actor general “Gobierno de los Estados Unidos”126. De manera similar, algunas entidades vinculadas a la UE se contabilizaron como actores independientes, pero se agruparon bajo la categoría general “Comisión Europea” —y, posteriormente, se clasificaron como tipo = gobiernos nacionales— para el análisis posterior127.

La categoría de organizaciones intergubernamentales utilizada para el análisis agrupó a una variedad de organizaciones, entre ellas: (1) organizaciones multilaterales, como los organismos de las Naciones Unidas (ONU); (2) fondos mancomunados globales de la ONU y fondos mancomunados de la ONU por país; (3) organismos de la Cruz Roja; (4) Comités Nacionales de la ONU; y (5) otras organizaciones internacionales.