El lado olvidado de la deportación: El costo de ignorar los retos de reintegración de los retornados
A medida que el gobierno estadounidense busca intensificar las deportaciones, se debe poner mayor enfoque a la recepción y reintegración de los retornados a México y Centroamérica. A pesar de modestos mejoramientos, los programas de recepción y reintegración en estos países han sido en gran medida ineficaces para aliviar las condiciones a largo plazo de los retornados, de hecho, a menudo son las mismas que motivaron su migración original.
Si bien la administración Trump se ha enfocado en deportar a un gran número de inmigrantes indocumentados, destinando recursos sin precedentes para aumentar las detenciones, existe un problema importante a largo plazo que está recibiendo comparativamente menos atención política: el futuro de los retornados a México y Centroamérica, los países que históricamente han representado la mayor parte de las expulsiones.
Ante la amenaza de deportaciones masivas, México, El Salvador, Guatemala y Honduras han respondido de forma proactiva y pragmática, dados los acuerdos de repatriación que mantienen desde hace décadas con Estados Unidos y el hecho de que sus ciudadanos representan aproximadamente dos tercios de los 13.7 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en el país, según estimaciones del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute, MPI). Sólo en 2024, el MPI calcula que estos países recibieron 319,000 repatriados. Anticipando un mayor número de deportaciones y otros retornos, los cuales aún no se han materializado, México, Guatemala y Honduras están ampliando y relanzando sus programas de recepción y reintegración. Además, México, Guatemala y El Salvador han accedido a recibir a nacionales de terceros países, bajo diversos procesos—ninguno más notorio que el acuerdo del gobierno salvadoreño de encarcelar a deportados venezolanos en su prisión de alta seguridad.
A pesar de algunas escasas mejoras durante los últimos años, estos programas han sido en gran medida ineficaces en sus esfuerzos de mejorar las condiciones a largo plazo de los retornados, a menudo las mismas condiciones que les llevaron a emigrar en primer lugar. Además, la falta de financiación sostenible, las capacidades institucionales desiguales y la voluntad política incoherente que han obstaculizado esfuerzos de recepción y reintegración anteriores seguirán planteando obstáculos importantes para aquellos gobiernos que traten de lograr resultados positivos para los retornados y sus comunidades de acogida.
Por lo tanto, si uno de los objetivos principales de la deportación es reducir la intención de los retornados de emigrar nuevamente de manera irregular hacia Estados Unidos, el gobierno estadounidense y los países receptores deberían tener una responsabilidad compartida para garantizar su reintegración económica, social y cultural. Actualmente, esta es una prioridad secundaria, y la decena de millones de dólares en la asistencia anual estadounidense que anteriormente había ayudado a las organizaciones internacionales en su misión de apoyar los programas de reintegración existentes en Centroamérica, se ha recortado o está en peligro. En caso de que el gobierno estadounidense llegara a aumentar de manera significativa las deportaciones, es probable que estos programas tuvieran dificultades para satisfacer las necesidades de los repatriados; esto podría ser contraproducente, ya que aumentaría la posibilidad de que se repitiera la migración irregular.
Programas de recepción y reintegración existentes
El proceso de reintegración comienza en el momento en que los retornados llegan a su país de origen y reciben servicios de recepción, pero continúa meses y años después de que se asienten en sus comunidades. Los retornados llegan con un conjunto único de retos económicos, sociales y psicosociales, como el endeudamiento, la estigmatización, el desarraigo cultural y, en ocasiones, hasta barreras lingüísticas. A pesar de esto, durante mucho tiempo, los programas de recepción y reintegración de México y Centroamérica han dado prioridad a la integración económica en lugar de ayudar a los retornados a lograr la estabilidad social y el bienestar psicosocial que necesitan para considerar su arraigo y renunciar a futuros intentos de migración. Esto es especialmente importante dado posibles cambios en el perfil de los retornados y en las condiciones de su retorno: en lugar de ser personas devueltas rápidamente después de cruzar la frontera sin autorización, los esfuerzos del gobierno estadounidense ahora se centran en identificar y expulsar a personas que llevan muchos años residiendo en el país y que tienen conexiones importantes, como hijos y cónyuges nacidos en Estados Unidos, propiedad de viviendas y negocios, y otros vínculos profundos.
Programas de recepción: Un peldaño hacia el siguiente capítulo
A su llegada, los retornados son llevados a centros especializados de recepción en puertos de entrada específicos. Dado que las autoridades estadounidenses no les informan previamente sobre el proceso de retorno ni sobre los servicios que pueden estar a su disposición, los retornados suelen aterrizar con un estrés agravado, emocionalmente abrumados y logísticamente desorientados. Como procedimiento estándar, los funcionarios del gobierno receptor procesan y registran a los retornados utilizando formularios de admisión para recopilar datos sobre sus antecedentes sociodemográficos y documentar sus necesidades inmediatas. Si bien esto es fundamental para informar mejor la programación, la falta de coordinación entre los organismos gubernamentales a menudo resulta en una duplicación de entrevistas, lo cual puede aumentar la angustia de los retornados en un momento particularmente vulnerable para ellos.
Aunque los servicios de recepción varían entre países, en la mayoría de los casos los retornados reciben atención médica básica, orientación jurídica, alimentos y kits de higiene personal, remisión a refugios y asistencia limitada de transporte a su destino. Como parte de la nueva estrategia México te abraza y del plan Hermano, vuelve a casa de Honduras, los gobiernos han anunciado su intención de proporcionar a los retornados 100 dólares en vales para gastos inmediatos. México, en particular, también está considerando una serie de reformas jurídicas para garantizar que los retornados puedan utilizar un número de identificación emitido por el gobierno—como alternativa al pasaporte mexicano o la credencial de elector, que la mayoría de los retornados carecen—para así agilizar su acceso a todos los beneficios gubernamentales a los que tienen derecho los ciudadanos mexicanos.
Programas de reintegración: Un enfoque más centrado en la integración económica
A diferencia de la naturaleza breve de las iniciativas de recepción, los programas de reintegración se centran en la prestación de asistencia a medio y largo plazo, priorizando principalmente la integración económica a través de la formación profesional, la asistencia empresarial y la búsqueda de empleo. Por ejemplo, los Centros de Formación Quédate, de Guatemala, los cuales fueron puestos en marcha en 2015, operan en cuatro departamentos diferentes y ofrecen oportunidades de formación técnica a jóvenes retornados y en situación de riesgo. Del mismo modo, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional ofrece formación profesional a los retornados salvadoreños en diversos ámbitos, como la gastronomía y la electrónica. Y en previsión de un posible aumento en las deportaciones desde Estados Unidos, el plan de Honduras incluye ahora un programa de empleo destinado a ampliar las oportunidades de trabajo en el sector manufacturero y en los centros de llamadas. México también está impulsando la coordinación interinstitucional y la participación del sector privado, creando una base de datos de 60,000 vacantes para repatriados mexicanos y migrantes nacidos en el exterior.
Retos y consideraciones clave
La escasez de financiación y la limitada capacidad institucional de los gobiernos en México y Centroamérica para satisfacer las diversas necesidades de los retornados son los principales retos a los que se enfrentan los programas de recepción y reintegración existentes. Hasta el momento, las agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil, que dependen principalmente de la financiación estadounidense, han sido fundamentales para cubrir las carencias de los servicios de reintegración de los gobiernos. Ahora, la congelación y los recortes a recursos de ayuda exterior por parte Estados Unidos, incluyendo el 85 por ciento de la ayuda ofrecida por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reducirán los presupuestos de los programas de recepción y reintegración.
Aún no está claro cómo los gobiernos planean proporcionar una asistencia adecuada y sostenible a los retornados con muchos menos recursos y, potencialmente, una demanda mayor. Ahora los gobiernos de la región deberán asignar nuevos fondos y dar prioridad a áreas críticas que históricamente se han descuidado: instituir servicios de planificación previos a su retorno, mejorar la calidad de los datos de registro y proporcionar apoyo a más largo plazo. Para ello, será necesario que los gobiernos identifiquen posibles colaboradores, como los bancos multilaterales de desarrollo y el sector privado, quienes podrían financiar los servicios existentes y nuevos.
¿Quién viene y cuáles son sus necesidades?
La escasa calidad de los datos de registro y su limitada interoperabilidad son obstáculos clave que dificultan la tarea de comprender los perfiles y las necesidades de los retornados. Los datos que recopilan los gobiernos en los centros de recepción suelen almacenarse en bases de datos gestionadas por múltiples instituciones, y los proveedores de servicios en las comunidades donde se asientan los retornados tienen poco acceso a ellas. Garantizar la a recopilación de datos desglosados durante el proceso de recepción, y desarrollar protocolos transparentes que garanticen el intercambio de datos con los actores pertinentes, es crucial para que los gobiernos y otros proveedores puedan informar y adaptar sus servicios.
Los inmigrantes indocumentados que llevan décadas viviendo en Estados Unidos se convierten cada vez más en el blanco de las políticas de deportación, y suelen tener necesidades diferentes a las de los migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo. Tras haber sido desarraigados de sus hogares, a su regreso muchos pueden tener dificultades para superar barreras lingüísticas y crear redes sociales y profesionales, sintiéndose desconectados de su nuevo entorno. Los inmigrantes que abandonan Estados Unidos voluntariamente (fuera de un proceso formal de deportación y no contabilizados en los datos) y que, por lo tanto, no llegan a un centro de recepción, podrían quedar al margen de los sistemas de apoyo existentes. Es esencial que las actividades de divulgación encuentren a estos retornados, documenten sus necesidades y ofrezcan asesoramiento personalizado sobre sus opciones a corto y largo plazo.
¿Cómo les va a los retornados meses después de su regreso?
Los retornados suelen enfrentarse a varios retos en los meses y años después de ser deportados. Los programas de inclusión económica y las subvenciones para la creación de empresas dan prioridad a las opciones de empleo inmediato, lo cual suele llevar a los retornados a buscar trabajos en la economía informal, muchos de los cuales no coinciden con las destrezas que adquirieron en el extranjero. Los retornados también suelen tener problemas recurrentes de salud mental que pueden afectar su bienestar e influir en su capacidad para conservar un empleo. Además, aunque algunos gobiernos han ampliado sus servicios de reintegración para proporcionar apoyo más allá de la ayuda laboral, los niños y jóvenes a menudo se enfrentan a dificultades para matricularse en las instituciones escolares meses después de haber regresado. Un punto de partida para abordar estos retos es que los gobiernos colaboren más dinámicamente con el sector privado para identificar y cubrir las carencias de mano de obra en las economías locales con empleos que aprovechen las capacidades de los retornados. Algunos líderes empresariales y gubernamentales ya están debatiendo formas de reconocer las credenciales académicas y profesionales y las habilidades que aportarán los retornados. Más importante aún, los gobiernos y proveedores de servicios deberían incorporar la gestión de casos en sus programas de apoyo posterior a la recepción, para evaluar las necesidades insatisfechas de los retornados e identificar las barreras que impiden su estabilidad a largo plazo y su seguimiento de las trayectorias deseadas.
¿Pueden los gobiernos ofrecer una mejor preparación previa a su retorno?
Dada la angustia y el trauma que han sufrido, los retornados a menudo tienen dificultades para retener la información proporcionada por el gobierno en los centros de recepción, y algunos deciden no acceder a servicios. En su lugar, podría ser más eficaz proporcionar a los migrantes una orientación preliminar sobre los servicios que tendrán disponibles previo a su salida de Estados Unidos. Algunas investigaciones sugieren que ciertos inmigrantes que solicitan información sobre programas en sus consulados antes de su salida voluntaria tienen mejores resultados de reintegración. Aunque el reciente fortalecimiento de sus redes consulares en Estados Unidos es prometedor, México y los países del norte de Centroamérica, como parte de sus negociaciones en curso con Estados Unidos, también deberían buscar la colaboración y la inversión de Estados Unidos en la planificación de asistencia previa a la deportación de los migrantes bajo custodia estadounidense.
Replantear la responsabilidad para lograr una mejor reintegración
Durante mucho tiempo, el planteamiento de Estados Unidos de dar prioridad al control migratorio se ha centrado principalmente en llevar a cabo expulsiones y devoluciones de migrantes indocumentados, y en ver a la reintegración de los retornados como responsabilidad exclusiva de los países receptores. Este es un planteamiento con poca visión a largo plazo, particularmente cuando se tiene en cuenta evidencia global que indica que muchos retornados vuelven a emprender viajes si se encuentran con las mismas o peores condiciones que les llevaron a emigrar en un principio. Sin embargo, existen enfoques alternativos como el de responsabilidad compartida que implementan muchos gobiernos europeos, que promueven una programación de la reintegración más eficaz, aumentando las probabilidades de que los retornados tengan éxito y se sientan arraigados a sus comunidades.
A pesar de las escasas mejoras de los últimos años, los programas de recepción y reintegración en México y el norte de Centroamérica han enfrentado grandes dificultades en sus esfuerzos para mejorar de manera significativa las condiciones de los retornados a largo plazo, y ha habido pocos esfuerzos para evaluar si estos reducen la repetición de intentos de migración irregular.
La probabilidad de un aumento significativo en las deportaciones desde Estados Unidos ofrece la oportunidad de replantearse donde cae la responsabilidad por los programas de reintegración, y posibles estrategias para lograr mejores resultados, tanto en materia de integración como de gestión de la migración. Seguir pensando que una vez que los retornados llegan a los países receptores están fuera de la vista y de la mente es una perspectiva miope e insostenible. Los recientes acuerdos que permitieron a la administración Trump expulsar a nacionales de terceros países a Panamá y Costa Rica ejemplifican lo que ocurre sin una visión a más largo plazo: los retornados quedaron en condiciones difíciles, con acceso limitado a asistencia e inmersos en incertidumbre sobre su futuro. Estos casos han visibilizado una nueva serie de consideraciones internacionales para los países que pueden ser receptores de un gran número de deportados desde los Estados Unidos.
Por lo tanto, a pesar de la ampliación de sus servicios de recepción y reintegración y de su renovada disposición a recibir sus connacionales, México, El Salvador, Guatemala y Honduras deberían considerar cuidadosamente sus limitados recursos y capacidades a la hora de negociar futuros acuerdos de repatriación. Sus conversaciones con el gobierno estadounidense deberían ir más allá de su voluntad de recibir a los retornados y abarcar también posibles maneras de aumentar su capacidad para reintegrar a los migrantes en sus sociedades. Hacerlo así sería beneficioso para el bienestar a largo plazo de los repatriados y para todas contrapartes involucradas.
Sobre la Iniciativa de América Latina y el Caribe
La Iniciativa combina una investigación rigurosa con la colaboración directa de gobiernos, instituciones y partes interesadas para contribuir a la creación de sistemas migratorios ordenados y respetuosos con los derechos en una de las regiones migratorias más dinámicas del mundo.
